Publicado: 05-07-09 

Lo investiga por un crecimiento patrimonial desmesurado.
Especial y agencia DyN

Buenos Aires. El juez federal Norberto Oyarbide ratificó ayer que podría citar a declaración indagatoria al renunciante secretario de Transporte Ricardo Jaime, "para ver cómo puede explicar" el incremento de su patrimonio, aunque aclaró que la causa "está en una etapa de reunión de datos".

Oyarbide señaló que "el tema no es tan sencillo como uno puede imaginarlo del primer momento" y precisó que investiga la compra de un avión Lear Jet que costó cuatro millones de dólares y que Jaime usó entre enero y mayo para realizar distintos viajes en el país y al exterior, de manera particular a Brasil.

"La causa del señor Jaime está en una etapa de reunión de datos, absolutamente fundamentales, y para convocar a una persona a declaración indagatoria hay que cumplir una serie de pasos previos", explicó el magistrado.

En diálogo con una radio porteña, indicó que procura determinar si Jaime incurrió en "enriquecimiento ilícito" de su patrimonio y "el tema del avión se convierte en un tema capital o central de la investigación".

Al respecto, confirmó que libró "un exhorto muy importante a los Estados Unidos, para que la empresa americana que vendió el avión suministre toda la información referida a esa venta, y luego también la información referida al banco especial que intervino en la operación para que analizara el dinero y demás".

También, Oyarbide requirió "una serie de datos de nuestro propio país, referidos a los diferentes viajes, tripulación, acompañantes, pasajeros que tuvo este hombre en diferentes viajes".

"Esa información la tengo casi completa", adelantó.

Expresó que "en toda causa en la que se investiga un enriquecimiento ilícito debe intervenir luego un organismo especial, como, en este caso, podría llegar a serlo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, para, analizando todos los datos que yo le facilite, realice un requerimiento de justificación de bienes".

Cerca de la indagatoria. "Si la Fiscalía entiende que la información suministrada en la causa no es suficiente, es ella la que intima a que Jaime sea requerido por el juez, y en esa ocasión, si llega a darse, sería convocado en declaración indagatoria", comentó.

Oyarbide rehusó opinar sobre la renuncia de Jaime, concretada el miércoles último, pero indicó que "la causa es bastante antigua, es un episodio más, así que hay que seguir adelante y, llegado el momento de citarlo, si corresponde, lo voy a hacer".

"Hay que ver todo el movimiento patrimonial, hay que ver si el crecimiento es razonable o no, y hay que ver cómo él lo puede explicar; ése es el delito", manifestó el juez porteño.

"Todos pasan a declarar". Al planteársele que Jaime dimitió horas antes de que se conociesen detalles de la causa que él investiga, aseguró: "Le ha pasado a varios funcionarios, he tenido varios así, todos pasan por Comodoro Py", en relación a la sede de los Tribunales Federales porteños.

El magistrado es uno de los dos que analizan citar a Jaime como imputado. El otro es el juez federal Claudio Bonadío, quien lo investiga por los vuelos gratis que le habrían regalado empresarios de firmas a las que el ex funcionario debía controlar.

Se trataría de la primera visita a Tribunales del polémico ex secretario de Transporte, involucrado en una treintena de denuncias penales.

A todo esto, el fiscal Carlos Rivolo dijo que para avanzar en el trámite de la causa era necesario que interviniera un organismo de control que no fuera la Oficina Anticorrupción (OA), que ya fue denunciada por no haber controlado debidamente la gestión de Jaime.

La causa emblemática

Obsequios. El ex fiscal Manuel Garrido ya investigaba pagos hechos desde un paraíso fiscal para saldar los gastos de mantenimiento del costoso avión en que se movía Ricardo Jaime. Garrido también descubrió decenas de vuelos de Jaime en taxis aéreos a Córdoba, Río de Janeiro y otros destinos pagados por las empresas, como el grupo de transporte Cirigliano, Aeropuertos Argentinos 2000 y Emepa. Se trata de empresas que Jaime debía controlar desde su secretaría y por lo tanto para Garrido habría incurrido en el delito de aceptar "dádivas", penado por el artículo 259 del Código Penal.

Por la ética. El ex fiscal Garrido había considerado que los empresarios contratistas del Estado regalaron alrededor de "270 mil pesos" a Ricardo Jaime, quien debía controlar sus concesiones, al llevarlo en estos viajes gratis. Y para el ex fiscal se trató de un delito, porque desde 1999, la Ley de Ética Pública (25.188) prohíbe que los funcionarios nacionales reciban "regalos, obsequios o donaciones" en virtud "del desempeño de sus funciones" públicas.