Publicado: 06-11-2012  

Con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el Gobierno nacional denunció ayer ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para quien pidió el juicio político. La razón son las irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en las contrataciones de obras de saneamiento del Riachuelo.

De acuerdo con la agencia de noticias Télam, el magistrado tam- bién fue denunciado penalmente por el Gobierno. Por lo que pudo saber este diario, la denuncia no se radicó en los tribunales federales de Comodoro Py.

En rigor, ya existían sendas in- vestigaciones sobre Armella tanto en la Justicia como en el Consejo de la Magistratura. Hace dos meses, el magistrado fue denunciado por el fiscal general, Julio Piaggio, ante la Cámara Federal de La Plata.

Respecto del Consejo de la Ma- gistratura, el nuevo pedido de investigación ingresado ayer con la firma de Abal Medina seguramente se sumará a la investiga- ción ya existente en la comisión de Disciplina y Acusación y en la que resultó sorteado el senador oficialista Marcelo Fuentes como instructor del caso.

Armella quedó severamente cuestionado en la última audien- cia pública realizada por el tema Riachuelo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, la Auditoría General de la Nación presentó un informe sobre las empresas contratadas de manera directa y sin licitación. Clarín informó la semana pasada que la Corte se tomaría alrededor de un mes para elaborar su informe sobre el grado de avance de las obras en la llamada "causa Mendoza" (sobre el saneamiento del Riachuelo) y que no se descartaba que también se hiciera una denuncia penal.

Sin embargo, según pudo saber ayer este diario, el Consejo de la Magistratura ya cuenta con los antecedentes del caso porque fueron remitidos por la propia Corte hace varios días. "Se acordaron un poquito tarde", dijo una fuente judicial sobre la denuncia que ahora hace el Gobierno.

El informe de la AGN ­realizado a pedido de la Corte tras informa- ciones periodísticas­ detectó la existencia de seis sociedades cuyos integrantes se repiten y en las que figuran el suegro y la esposa de Armella, Francisco y Marina Groba.

La principal firma investigada es la Compañía Constructora M&T, constituida en abril de 2008 con un capital inicial de 15 mil pesos y a la que se le adjudicaron obras por casi 130 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia del Gobierno, las maniobras que se investiga si fueron delito consistieron en pedidos de informes perentorios del juez a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y de ésta a las empresas AySA y Ceamse para la ejecución de obras que no alcanzaban a esperar la realización de una licitación, como correspondería.

Fuentes judiciales advirtieron que también están bajo la mira estas dos empresas, la primera del Estado Nacional y la última en partes iguales entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

En la audiencia de la semana pa- sada en la Corte quedó claro que ninguno de estos tres distritos hizo los aportes económicos a los que se había comprometido para el saneamiento del Riachuelo, según revelaron fuentes que participaron del encuentro.