Publicado: 09-06-2013
 
Mendoza.- Permanentemente, los mendocinos nos quejamos de la corrupción instalada en nuestra estructura de gobierno que permite que aparezcan distintos virus antirrepublicanos como lo son el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo y el más grave de todos, el ñoquismo. 
Sostengo que el último es el más perjudicial porque su efecto es la nada, la ineficacia en su máxima expresión.

Ahora bien, donde aparece con asiduidad esta corrupción a la que se hace referencia es en el famoso tema de los "asesores", de gabinete, de legisladores, personales de cada funcionario, etc.

Estos asesores no sólo son los legales, sino que también aparecen por toda actividad que nuestra imaginación pueda crear.

El actuar de estos funcionarios no es transparente, no es claro, y ello porque su supuesta intervención no queda por escrito, no queda constancia de su trabajo en el expediente que debe resolverse.

Esta falta de instrumentación le permite "al asesor" actuar sin ningún tipo de responsabilidad, opinando cualquier sandez o, lo peor, no opinando porque sólo es virtual, existe para cobrar o compartir su sueldo.

A esta enfermedad estatal la podemos combatir con una simple modificación legal en nuestra ley de procedimiento administrativo N° 3.909, agregando en el capítulo que trata la actividad consultiva, el art. 110 bis que diga: "Todo funcionario cuya labor consista en asesorar en cualquier tema deberá hacerlo por escrito, agregándose su dictamen al expediente que deba resolverse".

Con esta obligación se transparenta el actuar del asesor, mostrándose la calidad y la cantidad de su trabajo, o por el contrario, como sucede en muchos casos, la falta de esa calidad o de actividad que justifiquen su salario.

Cualquier persona, ONG o medio podrá constatar si el asesor cumple. Es más, para los organismos de control como Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, o para la Justicia sería muy sencillo con un simple muestreo o pedido de informe de que se acompañen copias de los asesoramientos escritos, corroborar si existe labor o no del asesor, para evaluar las debidas consecuencias de acuerdo a lo previsto en el art. 2 de la ley 3.909.

Valga como ejemplo -y hay muchos- que si hubiera existido esta sencilla norma ¡qué fácil sería resolver el tema "Cadillac"!, ya que estarían la forma y los fundamentos de los que aconsejaron al Gobernador su conveniencia. O el caso de la otrora "legisladora cosmetóloga del sur", que nombró como asesores a su padre y hermano y cuya actividad laboral era un pequeño negocio gastronómico.

Estoy convencido de que esta propuesta de fácil y pronta implementación sólo puede traer mejora institucional y mayor garantía republicana, ya que aquellos que sean nombrados asesores de lo que sea tendrán que hacer el esfuerzo que corresponde a todo funcionario de que lo que "escriban" sea lo mejor para quien tiene que tomar una decisión para la comunidad.

Ojalá que algún legislador, o el mismo Poder Ejecutivo, tome este guante, acepte el reto y lo haga realidad. 

¡Qué buen mensaje recibiría la población!