El expediente que investiga la privatización del espectro radioeléctrico a favor de la empresa Thales Spectrum está lejos de cerrarse.

La Oficina Anticorrupción (OA) que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se presentó ayer ante el juzgado de Norberto Oyarbide para recusar a Augusto Diez Ojeda, uno de los jueces de la cámara de casación, que firmó el sobreseimiento de algunos de los principales imputados en la operación.

En la presentación la OA entregó la documentación que comprueba que Diez Ojeda era concuñado de quien fuera el nexo entre los funcionarios de la Nación y la empresa francesa, Jorge Justo Neuss (la hermana de Diez Ojeda estuvo casada con el hermano de Neuss).

El fallo de casación del 15 de junio pasado ordenó el sobreseimiento de Neuss, así como del ex secretario de Comunicaciones del gobierno de Menem, Germán Kammerath; del ex presidente de la Comisión de Seguimiento y Preadjudicación, Alberto Gabrielli; del ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Roberto Carlos Catalán; de los ex miembros de esa comisión Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero y Matías Bourdieu; del ex vicepresidente de la firma francesa, Roberto Uanini; del ex subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Alejandro Cima; y de Juan Carlos Cassagne, titular de la filial argentina de Thales.

Para la querella, la decisión de Casación fue sorpresiva y "sin mayor fundamento". En su presentación de ayer, la OA señaló que "esa situación debió ser puesta en conocimiento de las partes afectadas por su decisión y esas mismas partes evaluar la pertinencia de efectuar las presentaciones del caso". La entidad querellante resaltó que "de haberse sabido que existía esta relación previa, esta querella lo habría recusado antes de haberse resuelto en la causa". En sus argumentos, la OA alegó que "debe tenerse presente que la imparcialidad del juzgador no está concebida como una prerrogativa de los magistrados, sino que es una garantía de los justiciables".

Al cuestionar al magistrado, señalaron que "cualquier otro juez hubiera dado un paso al costado o, de buena fe, hubiera hecho saber a las partes la existencia de los contactos familiares con uno de los imputados a fin de que ellos evalúen si dicha circunstancia podía afectar su ecuanimidad en la decisión del proceso", puntualizó.