Un fallo de la Suprema Corte de Justicia habilitó al ex intendente demócrata, Antonio Ponce, a reclamar a la comuna de Santa Rosa el pago de 40.396 pesos más intereses, dinero que Ponce debió entregar al Tribunal de Cuentas en 2005 por un supuesto faltante de plata detectado en su gestión durante 2003.

"En todo ese tiempo hubo quienes me trataron de ladrón y otros, como el actual intendente Sergio Salgado (PJ), que aseguraron que yo había usado esa plata para pagar votos de la campaña. Yo siempre dije que la plata estaba, que nadie se la había robado y que todo era un problema administrativo; ahora que la Corte me da la razón, pedí al municipio la devolución del dinero que puse y también los intereses que corresponden", dijo Ponce.

Después de dejar la intendencia, el dirigente volvió a su oficio de panadero, mientras aguarda las elecciones de junio, en las que va como candidato a senador provincial por el Partido Demócrata.

En abril de 2005, y tras una auditoría especial, el Tribunal de Cuentas resolvió que el entonces intendente Ponce debía pagar, en forma conjunta con Rodolfo Cassino y Daniel Caparroz (respectivamente el contador y el tesorero de la municipalidad durante 2003), la suma de $ 40.396 por un faltante de 33.654 petrom en la rendición del ejercicio 2003.

"El dinero siempre estuvo y aquel supuesto faltante fue en realidad un error netamente administrativo y contable, que se originó en el desorden que provocaba el uso de las cuasi monedas (petrom y lecop) que no tenían los elementos contables necesarios para un buen control", explica Ponce, que en aquel momento aceptó pagar lo ordenado por el Tribunal de Cuentas, aunque al mismo tiempo dispuso una auditoría externa a la para profundizar una investigación que determinara qué había pasado con el faltante de petrom.

Con la ayuda de Caparroz, el resto de su gabinete y algunos amigos demócratas, Ponce juntó el dinero y pagó los $ 40.396 exigidos. Pero al poco tiempo de depositar la plata, reunió las pruebas que hoy le dan la razón y con ellas se presentó ante la Suprema Corte, pidiendo la nulidad de lo ordenado por el Tribunal de Cuentas.

"Fue como buscar una aguja en un pajar, pero sabíamos que la documentación estaba. Apareció en una carpeta con una planilla de 137 bonos de sueldo, que fueron emitidos en lecop durante 2002 pero que fueron cobrados en petrom. Si usted suma estos bonos obtiene los más de 33.000 petrom que supuestamente faltaban", explicó Ponce, quien aseguró que "más allá del dinero que injustamente tuve que pagar, lo que más me dolió es el daño moral que le causaron a mi familia, a mis hijos y a mi madre, todas las difamaciones de personas como el entonces concejal justicialista Salgado", quien incluso lo denunció ante la Justicia.

Consultado sobre la situación y los 60 mil pesos (incluidos los intereses) que desde fines de abril reclama Ponce, el asesor letrado del municipio, Roberto López señaló: "Estamos analizando si existe algún cargo (sanciones) de Ponce y Caparroz cuando fueron funcionarios y que no hayan sido canceladas para compensarlo con lo que pide Ponce. Sabemos, por ejemplo, que hay una deuda de casi $ 8.000 por viáticos mal rendidos de Ponce, de la época en que fue concejal. Vamos a ver qué más encontramos".

López dijo, además, que "la comuna buscará no pagar los intereses que pide Ponce, porque el problema no lo originó la comuna sino una disposición del Tribunal de Cuentas".