Neuquén.- A un año y medio del cambio de gestión, las auditorías externas a los organismos del Estado provincial comenzaron a dictar duros informes respecto de lo realizado en el último año de Jorge Sobisch en el gobierno. Primero fue el Iadep, al que el Tribunal le objeta -entre otras observaciones- la falta de garantías con las que se otorgaron millonarios créditos; y ahora, la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), que en 2007 no presentó la rendición de cuentas del ejercicio. En plena instancia de sumario, buscan determinar el monto que administró el organismo durante ese año.

El acuerdo 2.347 del Tribunal de Cuentas, referido al ejercicio 2007-2008, fue publicado en el boletín oficial el 23 de enero pasado. En el informe final, luego de la auditoría y los descargos, dio por "no presentada" la rendición final de cuentas de la ADUS para ese período. En el segundo artículo ordenó "la substanciación de una actuación sumarial", es decir, recopilar toda la información "contable y documentación respaldatoria" que no presentaron dentro del plazo legal las autoridades que en ese momento estaban al frente del organismo. El objetivo es "establecer si se han producido hechos, actos u omisiones susceptibles de producir perjuicio a la hacienda pública" y, en ese caso, determinar el monto y las responsabilidades.

El período es el último analizado por el Tribunal de Cuentas, que elabora sus informes según dos plazos: el primero, es el que la Constitución le otorga a los organismos del Estado, de hasta un año para antes del 30 de junio, presentar la rendición final del ejercicio anterior; el segundo, que suma otros 12 meses, que es el que corre para que el tribunal realice sus investigaciones. De allí que recién en el segundo año de la gestión actual se hagan públicos los informes de 2007.

Sobisch creó la ADUS en 2005 y al año siguiente entregó las primeras viviendas. Fueron 39, en Senillosa, donde el ex mandatario aprovechó para cuestionar a "a los bandidos que durante tantos años hicieron negocios con la plata de la gente". La crítica fue a los planes realizados, a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPVU), en los distintos gobiernos de Felipe Sapag. Ese fue el motivo que adujo Sobisch para, sin desarticular el IPVU, crear la ADUS.

Pero la agencia que hasta 2006 condujo José Oser y luego José Luis Falleti -ambos ex funcionarios bancarios investigados por el caso Temux- no sólo no solucionó la falta de viviendas sino que, según el informe del Tribunal, se desarrolló en medio de un "absoluto desorden administrativo contable durante toda su gestión". Coincide también con el período analizado un plan de asistencia para reparación o construcción de casas en convenio con el Banco Provincia, del que, al igual que las asistencias de Nación u otras líneas de crédito, no se halló documentación respaldatoria.