General Pico.- Mañana viernes, a partir de las 8:00 horas, el Tribunal de la Cámara del Crimen escuchará los alegatos del fiscal Carlos Salinas y cuatro abogados defensores en el juicio que se sigue por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública", dado en una obra de red cloacal que a fines de los ’90 se ordenó en Intendente Alvear por más de dieciocho millones de pesos/dólar, cuando su valor real era de unos $ 6.500.000, según estableció la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

Ayer se escucharon los últimos tres testigos, precisamente un ingeniero de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia y dos ex concejales alvearenses, y seguidamente se dio por culminada la etapa de debate.

Últimos testigos

El juicio que tiene como imputados al ex intendente Oscar Pepa, su ex secretario tesorero Omar Ghisio y los "apoderados" de empresas constructoras que desarrollaron parte de la obra, Jorge Rodríguez y Andrea Bensi, sumó en la mañana de ayer los últimos tres testimonios en la octava y última jornada.

El ingeniero José De Ormaechea recordó que en el año 2002 llegó a Alvear para observar e informar "el estado" en que se hallaba la obra que en diciembre de 1999 abandonaran las empresas constructoras por falta de fondos (ATN) suministrados por Nación a través del Ministerio del Interior.

De Ormaechea precisó que lo que estaba hecho "estaba bien" y añadió que el Gobierno Provincial culminó la obra con tres millones de pesos, luego que el municipio rompiera contrato con la UTE (Unión Transitoria de Empresas) que en 1998 conformaran las firmas Ilka y Consnor, representadas por Rodríguez y Bensi.

Posteriormente, el Tribunal escuchó a los ex concejales Jorge Damico y Beatriz Schroeder (imputados, sobreseídos).

Necesidad

Ambos coincidieron en que la obra era "una necesidad" de toda la comunidad alvearense, ya que a raíz de inundaciones las napas freáticas habían subido y los pozos ciegos "se rebalsaban". Así los efluentes corrían por las calles de Alvear, causando inconvenientes entre vecinos.

En tanto, también destacaron que el Concejo Deliberante realizó distintas ordenanzas para aprobar la obra y la contratación de un asesor externo (el ingeniero Carlos Opezzo); mientras que opinaron que ni Pepa ni Ghisio "se enriquecieron" con el desarrollo de la sobrevaluada obra.

Entre sus dichos más picantes, Damico apuntó que el proyecto se encontraba "condicionado" por el Ministerio del Interior; y Schroeder soltó una frase sumamente sincera que de alguna manera resume el caso: "Esto es una cuestión política, nada más".