Publicado: 18-11-08

Una comisión de esa cámara analiza denuncias contra el Instituto de Juegos estatal. Apuntan a la homologación y cantidad de máquinas tragamonedas y a la seguridad en las salas de los anexos.

La comisión especial de políticas de juego del Senado investiga cuatro denuncias realizadas por un empleado del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza ante Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Las sospechas se focalizan en el sistema de homologación de las máquinas tragamonedas, pero también apuntan al posible exceso de máquinas y a la falta de seguridad en algunos anexos del interior de la provincia.

Los legisladores que integran el organismo recibieron ayer a Ricardo Rodríguez, la persona que hizo las presentaciones; y además escucharon a las autoridades del Casino y al fiscal de Estado, Pedro Sin.

Uno de los temas principales de la "megadenuncia" que fue realizada el 3 de diciembre de 2007 se centra en el sistema de homologación de las máquinas tragamonedas, que sirve para controlar el movimientos exacto de cada uno de los aparatos y permite supervisar, por ejemplo, cuánto paga cada una y en qué momento.

Según Rodríguez, "lo que tenía que hacer el Instituto de Casinos era establecer qué tipo de homologación utiliza, para que todos los privados manejen el mismo sistema. Pero está en falta porque nunca se hizo".

Ante estos dichos, los senadores pidieron explicaciones a los representantes del Casino. El primero en responder fue el director del Instituto de Juegos y Casinos, Esteban Navarro, quien aseguró que "los pliegos no fueron felices en especificar el tipo de homologación".

El funcionario explicó que "se está buscando una certificación a través de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y después recién se podrá intimar a los privados para que cumplan con esas exigencias".

En principio, el que estaba citado para responder las consultas de los legisladores era el presidente del Casino, Daniel Pereyra. Pero a último momento no asistió porque estaba en la reunión de gabinete.

En su denuncia, Rodríguez también pidió que se investigara la cantidad exacta de máquinas tragamonedas que hay en cada sala de los anexos. El hombre aseguró que "los convenios decían que las salas del Valle de Uco, por ejemplo, tenían que tener determinada cantidad de máquinas, pero eso no se cumple".

Ante estas dudas, Navarro explicó que "existe entre los privados un acuerdo homologado judicialmente". En este punto, Sin detalló que "cuando se realizó la licitación, como hubo cuestionamientos de tres oferentes, se terminó haciendo un acuerdo entre las partes privadas, que fue avalado por la Justicia". De esta manera, las empresas se repartieron la distribución de máquinas en cada anexo.

El otro cuestionamiento es hacia los sistemas de seguridad en el anexo de Malargüe. Aunque desde Fiscalía de Estado respondieron que "las normas se cumplen".

Como algunas respuestas no convencieron, los senadores le pidieron al Instituto de Juegos que les envíe los trámites que se están realizando en la UNLP para la homologación y también exigió los planes comerciales, que contienen la cantidad de máquinas tragamonedas autorizadas para cada anexo.