Publicado: 23-11-08

Esther Pedernera no acató la orden del Tribunal de Cuentas y ahora su caso -en el que también están implicados sus colaboradores Carlos Aciar (denunciante) y Patricia Sánchez-, pasa a la Fiscalía.

Ninguno de los tres implicados en la causa que se le sigue a la ex senadora Esther Pedernera por "fraude a la administración del Estado" acató el fallo del Tribunal de Cuentas por el que deben pagar $12.000 por viáticos y pasajes mal usados.

De esta forma la ex senadora rivadaviense, su ex secretario privado Carlos Aciar y a su ex asesora Patricia Sánchez se convierten en deudores del Estado. El único que va a recurrir la medida es Aciar, que fue denunciante en la causa contra Pedernera.

De todas maneras ahora el Estado puede lograr el cobro por otra vía. Los implicados tendrán que responder con su patrimonio, se les podrá embargar su sueldo o deberán responder sus herederos por la deuda contraída. Los denunciados tenían 30 días hábiles a partir del 23 setiembre para hacer el pago, pero al no concretarlo el Tribunal queda habilitado para elevar el caso a la Fiscalía de Estado.

En detalle

Ese organismo emitió un fallo por el que le ordena a Pedernera a Aciar y Sánchez a devolver casi $12.000 al Estado por viáticos y pasajes no rendidos.

Lo llamativo de la medida es que la sanción plasmada en el fallo número 15.141, emitido el 27 de agosto último, obliga a la imputada Pedernera y al denunciante Carlos Aciar a devolver estos fondos. Es decir que desde el punto de vista estrictamente contable las cuentas deben cuadrar pese a los resultados que arroja la investigación judicial, que no ha podido reunir pruebas en contra del ex secretario.

El fallo contable estableció que la ex senadora oriunda de Rivadavia debe devolver $7.479, quien fuera su secretario privado, Carlos Aciar, debe reintegrar $2.551. y Patricia Sánchez, asesora privada de la ex senadora, $1.917.

Ellos debían depositar esos fondos en una cuenta corriente del Banco Nación y entregar los comprobantes en el Tribunal de Cuentas, pero no lo hicieron según confirmaron desde el tribunal.

Como no cumplieron con ese paso administrativo el tribunal debe elevar el fallo a la Fiscalía de Estado para iniciar un juicio de apremio. De esta forma Pedernera, su ex asesora y su ex secretario se convierten en deudores del Estado.

La última instancia

Pese a esta medida los implicados pueden recusar el fallo mante la Suprema Corte de Justicia mediante una acción procesal administrativa (APAS), pidiéndole al máximo tribunal que deje sin efecto el juicio de primera instancia.