El Tribunal de Cuentas ratificó la plena potestad de la Legislatura sobre los montos máximos y conceptos en que se ha de gastar el presupuesto asignado al Poder Ejecutivo, puntualizando que éste no lo puede variar con la simple firma de un decreto ya que se trata de un procedimiento que no es legal.

RIO GRANDE.- No es competencia del Ejecutivo disponer de qué manera se asignan los fondos aprobados en el presupuesto, sobre todo si ellos tienen su origen en el cobro de tributos. Así lo indica un dictamen del Tribunal de Cuentas, donde además se ratifica en pleno la potestad de la Legislatura en esa materia.

 El órgano de contralor hizo una observación legal de un decreto (el 2464/07), firmado por el ex gobernador Hugo Cóccaro, mediante la cual creó un plus salarial a favor del personal de Hidrocarburos, con lo recaudado en concepto de pago anual por canon de exploración y explotación de ese recurso.

 La normativa fue derogada por la actual gobernadora Fabiana Ríos, con el dictado del decreto 76/08, basado en el dictamen del Tribunal de Cuentas, donde se subraya que "se debería observar legalmente el decreto al disponer por acto administrativo una competencia que resultaría de la ley, siendo competente la Legislatura".

 "Como representante directo de la soberanía popular, es atribución exclusiva del Poder Legislativo establecer los medios con los cuales se han de financiar los gastos públicos, esto es, los rubros de ingresos públicos", señala otro párrafo del dictamen del Tribunal de Cuentas.

 Al reprochar la firma del decreto, el organismo de control sostiene que el Poder Ejecutivo realiza "actos de disposición" sobre fondos de naturaleza notoriamente tributaria al efectuar modificaciones en los derechos patrimoniales del Estado, al cambiar el destino de esos fondos públicos.

 Recuerda, además, que desde la reforma constitucional de 1994, se prohíbe expresamente la delegación legislativa, "máxime tratándose de la denominada zona de reserva legal del poder legislativo como lo es el poder impositivo".