En 2005, desde que la línea de ferrocarril San Martín es administrada por la Unidad de Gestión Operativa (UGOFE), una sociedad anónima formada por las empresas Metrovías, Ferrovías y TBA, que depende funcionalmente de la Secretaría de Transporte, el Estado Nacional giró el doble de dinero por kilómetro recorrido de los trenes, en comparación al período 2000-2004, según un informe de la Auditoría General de la Nación.

El primer balance de la UGOFE dice que el Estado le transfirió $ 49.782.684 en concepto de explotación. De ese total, el 6 % corresponde a la retribución que reciben las empresas por prestar el servicio. Además, la Secretaría de Transporte giró $ 57.721.354 por la venta de pasajes. Relacionando estas cifras con el recorrido de los trenes, resulta que cada kilómetro cuesta $ 20.68 y $ 22.82 respectivamente. Entre 2000 y 2004, los mil metros valían $ 11.01 y $ 7.42.

“En cuanto a la ejecución de los fondos, se verificó el apartamiento a reglas de buena y sana administración”, dice la AGN, y detalla que la UGOFE hizo gastos sin la autorización de la Secretaría de Transporte que estaban “expresamente excluidos de los presupuestos aprobados”, y que “se celebraron contrataciones sin el concurso de precios recomendable”. El organismo de control destacó que la UGOFE optó por alquilar bienes en lugar de comprarlos, “cuando las circunstancias indicaban que lo aconsejable hubiera sido esto último”.

Según la AGN, las rendiciones de cuentas de la UGOFE omitían los ingresos anticipados para obras de recuperación y mantenimiento, y presentaban los montos de la venta de pasajes separados de los ingresos por explotación: “Además de inadecuado, esto no responde a lo acordado y resulta un obstáculo para la función de control de los organismos competentes”, continúa el estudio.

Pero no sólo la UGOFE presentó irregularidades en su primer año de trabajo. La Secretaría de Transporte estaba obligada a dictar un régimen de penalidades ante algún incumplimiento de las empresas, y no lo hizo. La dependencia sólo exigió el Plan Transitorio de Prestación de Servicios que estaba supeditado a la disponibilidad de material rodante, las condiciones de infraestructura y el cobro de los ingresos estipulados. Esto imposibilitó multar a la UGOFE porque cualquier falla del servicio sería atribuible a Transporte y no a las empresas.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó a cargo del análisis técnico de los presupuestos de la UGOFE. Sobre esos estudios, la AGN dijo que “no ofrecen garantías de un correcto juicio” porque, además de intervenir fuera de los tiempos previstos, se detectó “el consentimiento de precios superiores a los compulsados por sus dependencias y la aplicación de factores de comercialización que prácticamente llegan a duplicar los costos, de los que no se ofrece adecuado sustento”.

Otra de las irregularidades que comprobó el organismo de control fue la instalación de un “importante asentamiento clandestino” sobre las vías laterales entre las estaciones de Chacarita y Villa del Parque que “constituye un serio compromiso a la seguridad pública y operativa por su dimensión y la proximidad al ámbito de circulación de los trenes”, completó la AGN.