Según un estudio de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), la Dirección General de Educación Privada envió subsidios a 21 escuelas de nivel medio que no alcanzaron el mínimo de exigencias para recibir ayuda económica durante 2005.

La normativa nacional vigente establece la cantidad de alumnos por aula que deben tener los institutos privados para percibir la contribución estatal, entre 15 y 20 para los turnos mañana y tarde, y entre 10 y 12 para la noche. En caso de no alcanzar ese número, la Superintendencia de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación considera razones geográficas o pedagógicas como excepción para habilitar partidas de dinero. El organismo de control detectó que 15 escuelas que no cumplían con el mínimo de chicos por curso y recibían subsidios sin que se les hubiese dictado la correspondiente excepción. Además, encontró otras seis instituciones que figuraban como “excepciones” y se les envió fondos por aulas que no ameritaban ese privilegio.

Otra irregularidad que resaltó la AGCBA es que sobre los $ 252.864.023,27 que destinó la Dirección de Educación Privada en concepto de subsidios durante el lapso analizado, los institutos de enseñanza devolvieron $ 9.865.038,93, lo que quiere decir que la dependencia ejecutó un total de $ 242.998.984,34 de lo presupuestado. Pero el importe devengado (el registro del gasto hecho en el período contable) por la Cuenta de Inversión del Gobierno porteño fue de $ 243.058.527,36. La Auditoría destacó que “no obtuvo explicación” por parte del Departamento de Coordinación Técnica Contable del organismo sobre el destino de esos $ 59.543,02 de diferencia.

De ese mismo Departamento depende la confección la Planta Orgánico Funcional, que es el conjunto de cargos, horas cátedra y módulos asignados presupuestaria y legalmente a cada instituto privado. La AGCBA observó que las Plantas se elaboran en base a planes de estudio “desactualizados y no conformes a la normativa vigente”, y, como Coordinación Técnica “carece de un sistema informático homogéneo y confiable”, el organismo de control generó una base de datos propia con información de los establecimientos educativos. Al cotejar los documentos aprobados por la Dirección de Educación Privada con el de la Auditoría, surgieron diferencias con respecto a las cargas horarias autorizadas y, además, se comprobó que las Plantas Orgánicas fueron emitidas con un “considerable atraso”, lo que originó ajustes en el envío de fondos a las escuelas. A pesar de que, según el propio Ministerio de Educación, las modificaciones de datos deben ser aprobados por una autoridad competente, se determinó que las alteraciones incluidas en las Plantas de seis colegios no contaban con un acto administrativo que las respalde.

“Las áreas del ente auditado no funcionan de manera coordinada, no existen adecuados controles internos en lo referente a una correcta remesa y rendición de cuentas de los subsidios otorgados, y presentan diversas falencias administrativas”, concluyó el organismo de control, y exhortó a la Dirección a “instrumentar medidas correctivas”, ante estas irregularidades.