Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), en 2005, sólo 11 de los 33 hospitales públicos de Capital Federal obtuvieron certificados de aptitud ambiental para ser generadores de residuos patogénicos. Es decir que de las 2148 toneladas de desperdicios que producen los centros de salud, el 78 por ciento no fue registrado porque las entidades tenían su autorización “en trámite”.          

Las irregularidades en la administración de los deshechos no se limitan al ámbito de los hospitales públicos. El organismo de control concluyó que las áreas del Gobierno porteño involucradas en el manejo de los residuos no conocen la cantidad total de establecimientos que generan desperdicios patogénicos en la Ciudad. Por eso, el cumplimiento de la Ley 154 que regula el tratamiento de esos deshechos fue “bajo” durante el período analizado y constituyó una “seria falencia”. Además, AGCBA comprobó que de los 1245 establecimientos que tramitaban su ingreso al registro de generadores de desperdicios patogénicos, 83 funcionaron sin habilitación evidenciando una “descoordinación” en las áreas de Habilitaciones y Verificaciones.

Buenos Aires es una de las ciudades que producen más basura en el país. Sólo en 2005, generó 1.534.121,71 toneladas, más de 4 mil por día. Ese año, la Ciudad invirtió $ 435.419.018 para los programas de tratamiento de la basura. La cifra representó el 6,93 por ciento del Presupuesto ejecutado. Pese a la “importancia cuantitativa” de lo desembolsado, la Auditoría señaló que “no se desarrolló en plenitud un sistema de gestión integral de los residuos” para darles “el destino global más adecuado de acuerdo a las normas” en lo que tiene que ver con las fases de generación, recolección, tratamiento y disposición final. Estas falencias, sumadas a lo que el organismo de control destaca como una “minimización” del comportamiento ciudadano, “impiden realizar una buena evaluación que permita demostrar que el desempeño ambiental (de las dependencias auditadas) es correcto”, dice el informe.

Por otra parte, el trabajo de la AGCBA detectó que el Gobierno porteño no logró poner en marcha dos medidas pensadas para el manejo de la basura: el plan estratégico de interacción con la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción a donde van a parar los residuos que produce la Ciudad, y el plan urbano ambiental, que pretende concebir a los deshechos como un recurso reciclable.

En el año del informe, el avance de los controles sobre los residuos líquidos fue “nulo” porque, según el organismo de control, recién ese año comenzaron las tareas de relevamiento para conocer las características de ese tipo de deshechos. Además, la AGCBA detectó otra irregularidad referida al transporte de la basura patogénica: es que un decreto del Ejecutivo eliminó la obligación de instalar sistemas de búsqueda satelital (GPS) en los camiones, por lo que “no hay, desde la Ciudad, un seguimiento específico respecto al destino final de los residuos patogénicos”, concluye el estudio.

La Capital Federal no tuvo, hasta la sanción de la Ley 2214, de 2006, “políticas activas sobre los residuos peligrosos”, agrega la AGCBA, y completa: “Tampoco se llevaron a cabo acciones de integración y conocimiento de los controles que se realizaron desde la Nación”.