Dos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de 1997 y de 2004, habían detectado “sucesivas y reiteradas” irregularidades de la empresa TEBA S.A. en la administración de la Terminal de Ómnibus de Retiro que “configuraban causales objetivas” para rescindir el contrato de concesión que firmó con el Estado Nacional en 1993. Sin embargo, el convenio, que vencía el 29 de septiembre de 2005, fue prorrogado hasta 2015 y, según la AGN, esa ampliación “implicó una incorrecta ponderación de la actuación del concesionario y un desconocimiento de su conducta histórica”.

No obstante, un estudio reciente de la AGN, de 2008, indica que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo que controla el funcionamiento de la terminal, “sigue sin sancionar los incumplimientos que fueron verificados en los exámenes precedentes”, y puntualiza los precios excesivos en los kioscos, bares y confiterías del predio, donde un paquete de pastillas, que afuera de Retiro cuesta $ 1,25, en la estación vale más de $ 2, y un cortado puede salir hasta $ 6,50.

Además, la empresa aún no vigila la zona de las paradas de taxis, ni puso en funcionamiento un sistema de carros y maleteros, como lo exigía el contrato. Por otro lado, tampoco instaló guarderías infantiles, casas de cambio, oficinas de correos, ni “la totalidad de las prestaciones especificadas para las estaciones de servicio”, dice la AGN y agrega: “No puede obviarse en el análisis la constante conducta incumplidora de la concesionaria a los largo de la prestación del servicio”.

En los primeros años de concesión, la empresa registró atrasos en el pago del canon mensual al Estado y en la ejecución y finalización de las obras que se comprometió a hacer. Actualmente, TEBA S.A. abona $ 100 mil por mes de canon. En los fines de semana largos salen desde Retiro más de 2000 colectivos por día con un promedio de 30 asientos ocupados cada uno.

La Auditoría también analizó los detalles de la prórroga del contrato de concesión. En el nuevo acuerdo, TEBA solicitó la ampliación de su objeto social, es decir, para qué se constituyó como empresa, argumentando que las restricciones a su actividad le impedían “extender su comprobada experiencia en materia de administración”. Este pedido fue aprobado pese a que la propia Secretaría de Transporte había dicho que la exclusividad del objeto social era una exigencia de “la mayoría de las licitaciones”, que buscaba “evitar la concentración de empresas privadas en aquellos servicios cuya desconcentración se intentaba lograr”. Según la AGN, la ampliación del objeto social “habilitaría una integración vertical en la explotación” del servicio y que “una misma empresa, además, pueda extender su actividad a otros ámbitos propendiendo a una hipotética concentración”.

Por otra parte, el proceso de renegociación del contrato de la terminal no incluyó mecanismos de consulta pública que, aunque no era obligatorio desde lo legal, hubiera asegurado transparencia y publicidad de los actos públicos y era “recomendable en virtud de los intereses comprometidos”, completó la Auditoría.