El proyecto, que comenzó en julio de 2004, fue costeado enteramente por fondos públicos nacionales y preveía en su primera etapa la construcción de 120 mil viviendas en todo el país, una inversión de $ 3.875 millones y 360 mil nuevos puestos de trabajo. La SIGEN auditó, además, la segunda etapa en la que se preveían 300 mil nuevas casas, fondos por $ 17.402 millones y empleo para 700 mil personas.

Según el informe de la SIGEN, realizado en mayo de 2007, en varias obras que debían hacerse en la Patagonia, los fondos anticipados se otorgaban al inicio de la “veda invernal para tareas de hormigonado”. Es que por las características climáticas de la región, con un invierno que recrudece entre mayo y septiembre, las edificaciones no podían comenzar y, sin embargo, el dinero fue entregado pese a que pudo ser usado para el avance del proyecto en otras provincias. La ejecución del Plan de Viviendas quedó a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano que está bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal.

Estas irregularidades, señala el organismo de control, muestran una “deficiente utilización de los recursos públicos” y, por eso, exhortó a Desarrollo Urbano a “ejercer un control más riguroso sobre la planificación de las transferencias” de dinero anticipado.

Otra falencia que encontró la SIGEN fue el “incumplimiento de estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social” en obras que se hicieron en el Partido bonaerense de Moreno. Allí, el diseño de las casas, que en todos los casos tenían dos habitaciones y servicios, “no permite la posibilidad de crecimiento sin hacer importantes modificaciones y demoliciones al proyecto original”.