Los abogados Marina Jacoba Vanini y Héctor Ismael De la Iglesia fueron sorteados ayer para integrar el jurado de enjuiciamiento que resolverá si habilita a la jueza penal Florencia Maza, a indagar a la cúpula del Tribunal de Cuentas en la causa donde se investiga la falta de controles sobre cuentas del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda.

En principio, ninguno de los dos se excusaría, por lo que el jurado se completaría con el presidente Víctor Menéndez, titular del Superior Tribunal de Justicia, y los diputados provinciales Patricia Lavín (PJ) y Martín Berhongaray (Frepam). El sorteo, en el que se utilizó un viejo bolillero de madera, se realizó en la sala penal del S.T.J. con las presencias de Menéndez y Berhongaray, y estuvo a cargo de la secretaria Betina Carnovale.

"Yo soy prima del fiscal de Estado (Alejandro Vanini), pero no creo que ello me impida aceptar el cargo", dijo escuetamente Vanini, desde General Pico, al enterarse de la novedad por este diario.

Ella tiene 34 años, es síndica titular de la Cooperativa Regional de Electricidad de General Pico (Corpico), trabajó por los derechos de la infancia y fue coimpulsora del juicio político al juez de la Familia y el Menor piquense, Luis Alberto García, por la muerte del bebé Federico Alvarez a raíz de una presunta golpiza.

"No quiero dar una palabra definitiva, pero estimo que no tendría motivos para excusarme", señaló De la Iglesia, ex diputado provincial del PJ entre 1991 y 1995, referente del empresariado católico provincial y que actualmente desempeña la profesión en forma privada. En una de sus últimas apariciones públicas, el ex legislador se manifestó en contra de la ley de aborto no punible.

Años atrás integró el jurado que resolvió una denuncia contra el hoy camarista civil Carlos Perdigués.

De todas maneras, los dos abogados tienen tres días hábiles para aceptar o no una designación que equivale a una carga pública. Los argumentos para excusarse son acotados y están referidos a cuestiones de parentescos y de amistad o enemistad con los tres funcionarios enjuiciados, el presidente del TdeC, Natalio Guillermo Peres, y los vocales Rubén Omar Rivero y Francisco García. También ellos tienen tiempo de recusar a los cinco jueces hasta el momento en que se constituya el jurado.

Por las dudas se sortearon cuatro abogados suplentes dentro de un listado de 536 asociados que entregó el Colegio al que pertenecen. El orden de eventuales reemplazantes es el siguiente orden: Emil Marcos Koncurat (padre), de General Pico; Marcelo Guillermo Del Moral, de Eduardo Castex, concejal del Frepam y vicepresidente del Concejo Deliberante; Javier Horacio Florez, de General Pico; y Julio César Ríos, de Santa Rosa.

Falta de controles.

La jueza Maza, por un pedido de la fiscal Susana Alvarez, solicitó indagar a las autoridades del TdeC porque sospecha que pudieron tener responsabilidades penales en la falta de controles sobre las cuentas 10313/6 y 11314 de Vivienda. Alvarez formuló el requerimiento al constatar que el Tribunal de Cuentas recién empezó a controlar la cuenta 10313 a comienzos de año, después de que fueran condenados el ex vicepresidente ejecutivo del IPAV, Hugo Nelson Agüero, y el ex gerente general, Luis Edgardo Araniz, entre otros ex funcionarios, por el desvío de fondos públicos desde ese organismo entre 1998 y 2003.

La magistrada no tiene facultades para indagar en forma directa a los tres imputados, sino que debe recurrir a los mecanismos que prevé la Constitución. Ese texto fija que un jurado de enjuiciamiento -a partir de la información sumaria enviada por Maza- debe evaluar primariamente si existió un eventual mal desempeño de ellos para que la justicia ordinaria los indague.

Si el jurado -aún no está resuelto cuando se reunirá por primera vez- autorizara a Maza a indagar a los funcionarios, luego ella debería resolver la situación procesal no sólo de Peres, Rivero y García, sino además de cuatro funcionarias y empleadas del Tribunal, que también figuran como imputadas en el mismo expediente.