El juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid pidió informes a diversos registros públicos en una investigación que abrió contra el secretario de Medios, Enrique Albistur, por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron ayer fuentes judiciales a Clarín. Formalmente, el funcionario quedó como imputado y tendrá derecho a designar un abogado en la causa.

Los pedidos de informes, revelados ayer por radio Continental, incluyen a la ex esposa y los tres hijos del funcionario. Entre otras medidas, la Justicia requirió datos de los registros de propiedad inmueble, automotor, de buques y aeronaves, no sólo nacionales sino de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

Además, el magistrado pidió informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los registros de comercio de esas cuatro provincias. También requirió las declaraciones juradas que hizo ante la Oficina Anticorrupción.

En su declaración jurada de bienes de 2006, Albistur había informado poseer dos automóviles, tres casas (una en San Isidro, otra en Tortuguitas y la restante en Cariló) y tres terrenos en Cariló. Por la casa de Tortuguitas, la más cara, dijo haber pagado $ 1,5 millón.

Aráoz de Lamadrid --un secretario de la Cámara de Casación que compite en el demorado concurso para ocupar una de las cuatro vacantes que hay en los juzgados federales porteños-- ya investigaba a Albistur por otra denuncia radicada en el tribunal a su cargo.

Esa investigación apunta a determinar si Albistur aprovechó su cargo para favorecer con parte de la millonaria pauta oficial publicitaria a empresas que le pertenecerían o a las que estaría vinculado.

Justamente la existencia de esa otra causa fue lo que permitió que el juez Norberto Oyarbide le mandara "por conexidad" la denuncia por enriquecimiento ilícito que originalmente había quedado radicada en su juzgado.

La denuncia por enriquecimiento fue formulada el año pasado por el abogado Ricardo Monner Sans en base a una noticia publicada en el diario Crítica sobre el aparente desfasaje entre lo que cobran varios funcionarios públicos y sus respectivos niveles de vida.

Aráoz de Lamadrid sobreseyó recientemente por los mismos cargos al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En esos fallos, el juez tuvo párrafos críticos hacia la apertura de investigaciones judiciales basadas en informaciones periodísticas. Aún así dijo haberlos investigado exhaustivamente sin haber encontrado pruebas de posibles delitos.

En cambio, la causa por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública contó con una profunda investigación previa del ahora ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido. La denuncia de Garrido motivó el año pasado una fuerte disputa con el Gobierno, que lo acusó de haber actuado con fines políticos. Garrido renunció la semana pasada por supuestos recortes de sus funciones que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, negó haber efectuado.