Sección: Opinión

  

La forma en que se extendió el contrato con Hidrovía no parece haber atendido las críticas lanzadas desde órganos de control

  

Tras un demorado proceso de renegociación, recientemente tuvo lugar una audiencia pública, a los efectos de tratar una carta de entendimiento suscripta entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) y la empresa Hidrovía SA, que tiene a su cargo el dragado y la operación de la vía navegable troncal Santa Fe-Océano, a través de la cual se moviliza la mayor parte del comercio exterior argentino.

 

No es la primera vez que desde esta columna llamamos la atención sobre las singulares circunstancias en que se desenvuelve este servicio público concesionado por el Estado nacional durante la primera gestión menemista, y que ha recibido críticas e informes negativos de parte de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Auditoría General de la Nación (AGN), además de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Sus conclusiones son reveladoras de irregularidades que se habrían iniciado con el trámite mismo de la licitación y que se extenderían a la renegociación prematura y veloz del contrato a tan sólo dos años de suscripto, en 1997; a la casi inmediata e inusual dolarización de las tarifas en 2002 a pesar de la pesificación dispuesta por la ley de emergencia del mismo año, y a los también controvertidos incrementos tarifarios autorizados durante las últimas dos administraciones.

 

Esta concesión fue también objeto años atrás de una denuncia penal fundada en presuntas irregularidades ante la justicia penal federal, la cual cobró luego impulso por iniciativa de la Oficina Anticorrupción y el fiscal interviniente a principios del año 2005, circunstancia de la que dieron cuenta en su momento los medios periodísticos. A mediados de 2008 la Sala II de la Cámara Federal revocó un sobreseimiento dispuesto por el juez de primera instancia y dispuso que se profundice la investigación acerca de la posible comisión de los delitos denunciados.

 

Considerando estos antecedentes, llama la atención que de la lectura de las resoluciones que convocaron a la audiencia pública no surja la más mínima explicación o justificación.

 

Por el contrario, según resulta de los términos de la carta de entendimiento ya suscripta ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, el acuerdo propuesto aparece como claramente ventajoso para la concesionaria: se mantendrá la tarifa dolarizada, que reemplazó la eliminación del subsidio estatal; se dispone una extensión de plazo a la concesión de ocho años adicionales en retribución por trabajos de profundización ya realizados, y se propone adjudicarle en forma directa las obras de profundización desde Santa Fe hasta el extremo norte de la hidrovía con aportes estatales.

 

Frente a la pronunciada baja de los precios internacionales de nuestra producción agrícola exportable, es indudable que haber incrementado en estos últimos años un 81% una tarifa de peaje además dolarizada por el uso del canal termina castigando los ingresos de la producción exportadora agrícola e industrial, a la cual en definitiva se trasladan todos los mayores costos sobre la carga.

 

Es de esperar entonces que desde el gobierno nacional y los organismos de control correspondientes, se esclarezca a la población acerca de los fundados cuestionamientos que ha recibido el desenvolvimiento de esta concesión desde sus mismos inicios, y que arrojan serias dudas acerca de la legitimidad y conveniencia del proceso de renegociación actualmente en curso. Persistir en el silencio en estos casos atenta contra la transparencia y alimenta las sospechas de manejos reñidos con la legalidad y la moral pública.