Publicado: 26-04-2010
 
Jujuy.- El diputado Jorge Rizzotti (UCR) volvió a advertir sobre la situación "caótica", en lo administrativo y contable, que viene sufriendo el Banco de Acción Social (BAS) y que "impide un normal y razonable estudio de la cuenta de la institución crediticia", al tiempo de recordar que "el año pasado se juzgó a cinco ex contadores del Banco por un desfalco de 1,3 millones de pesos, en un juicio que estuvo a cargo de la Sala III de la Cámara Penal, en el marco del expediente 405/2004".

El legislador, junto a su equipo técnico y el bloque radical, accedió recientemente a la recomendación que figura en un informe del síndico y del jefe del Departamento Auditoría III del Tribunal de Cuentas, en el que describen haber tomado conocimiento de la situación de caos administrativo-contable que impide un normal y razonable estudio de la cuenta.

En dicho informe, señalan además que, "a los fines de evitar el descontrol total del Banco que perdura en el tiempo, correspondería realizar las auditorías especiales que la Sala I juzgue convenientes".

El equipo técnico del diputado Rizzotti determinó que el Tribunal de Cuentas declaró inadmisibles las rendiciones de cuentas del BAS del 2000 al 2004, rechazó las de 2005 y 2006, y que las de 2008 y 2009 no habían sido remitidas por el directorio del Banco al órgano de control.

Otro de los ejes analizado corresponde a las remuneraciones del personal superior y jerárquico del BAS, detonante de un escándalo desatado tras difundirse públicamente que, entre los ejercicios 2006/2007 y 2009/2010, "el gasto en sueldos del personal de la entidad bancaria se había incrementado en un 166%, algo que excede todas las mejoras salariales otorgadas por el gobierno a los escalafones de la administración pública".

En tal sentido, Rizzotti refirió que "esas retribuciones se fijaron mediante la Resolución 401/08, que sería ilegal y constituiría un exceso en las funciones de la gerencia". "En mayo de 2009, tras el bochorno, el gerente firmó la Resolución 392/09 suspendiendo la vigencia del aumento y disponiendo la devolución de las sumas", subrayó.

Más adelante, indicó que las autoridades del BAS tampoco estarían respetando el régimen de contrataciones del Estado. "La última licitación pública fue en 1989. Desde entonces, se han sucedido una serie de contrataciones directas, por ejemplo, en la adjudicación de la explotación de máquinas tragamonedas a las firmas Super Star y Video Drome", explicitó.

"No se especifican las razones que justifican estas sucesivas contrataciones directas", expresó Rizzotti, quien además consideró que no responden al supuesto de urgencia que prevé la Ley de Contabilidad.