El Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) elaboró un trabajo sobre las políticas de acceso a la información y el open data implementadas por el Poder Judicial de Argentina, Chile y Uruguay.

Sabemos que es importante que el Estado publique la información que produce para que la ciudadanía pueda conocer qué es lo que hacen nuestros gobernantes. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los datos que están en manos de la Justicia?

El acceso a los datos sobre la gestión de los tribunales, sus recursos y sus sentencias permite a la sociedad conocer su funcionamiento. Este contacto con los habitantes de un país permite, por un lado, formar una ciudadanía informada que pueda ejercer funciones de control social, y por otro, ayuda a una mayor comprensión y confianza en el accionar judicial. 

De los general a lo particular

El trabajo de CIPPEC dio a conocer que Chile encabeza el primer lugar en materia de apertura de datos con un puntaje de 96,25 puntos, siendo 0 la calificación mínima y 120,5 la máxima. El Poder Judicial chileno se destaca por publicar las sentencias, la información presupuestaria y las estadísticas. Sin embargo, una de las contras que posee es que los formatos no son libres.

Por su parte, Argentina obtuvo el segundo lugar con un puntaje de 95,9; muy cercano al país trasandino. Si bien el Poder Judicial de nuestro país aumentó la publicidad de la información en formatos reutilizables y accesibles, el 75% de los funcionarios entrevistados consideró que “se debería incluir la difusión de las declaraciones juradas de los jueces, la información sobre los procesos y el currículum vitae de los mismos, de una forma más ordenada y sistematizada”, entre otras cosas. A esta situación se le agrega que la publicación de algunos datos se realiza en PDF, lo cual dificulta su reutilización. 

Por último, con 80,87 puntos se ubica Uruguay. La falencia de la Justica uruguaya radica en que, al igual que los otros dos países, no publica la información en formatos abiertos, sino que utiliza licencias pagas, lo que limita el acceso a aquellas personas que no cuentan con ese programa. 

Desmenuzando más a fondo

Para conocer si la información publicada puede ser considerada como un dato abierto, CIPPEC analizó los resultados obtenidos en función de cuatro características distintivas del open data: la no discriminación, la accesibilidad, la sostenibilidad y la reusabilidad. 

En relación con el estándar de “no discriminación”, que establece que la información no debe estar restringida, los tres países en cuestión salieron favorecidos. La única irregularidad que presentan es que utilizan licencias pagas y no libres, lo cual limita la apertura de datos.

En lo que refiere a la "accesibilidad", Argentina, Chile y Uruguay obtuvieron un puntaje similar, muy cercano al máximo posible. El mayor problema es que los datos de los Poderes Judiciales no siempre están completos, sobre todo las estadísticas judiciales.

Con respecto a la "sostenibilidad", los mejores puntajes se lo llevaron Chile y Argentina, que obtuvieron un resultado similar (19 y 18 puntos respectivamente) a una distancia considerable de Uruguay, calificado con solo 10 puntos. Sucede que este último no tiene una normativa que regule la publicación de datos de la Justicia, mientras Argentina y Chile sí. 

En cuanto a la "reusabilidad", nuestro país alcanzó la mayor puntuación, seguido por Uruguay y por último Chile, el cual autoriza el uso de los datos solo para fines personales o académicos.