Al igual que otro caso publicado con anterioridad por El Auditor.info, esta situación fue denunciada por un ciudadano chileno en la Contraloría General de la República, con el pedido expreso de que se reservara su identidad.

Lo cierto es que hubo varios inmuebles que no solo no cumplían con los requisitos necesarios sino que se pagaron importantes sobreprecios por ellos. Uno de los casos más graves es el de un terreno cuya compra "no era recomendable" porque "su acceso era a través del predio vecino y además no era habitable". El lugar estaba tasado en 2,5 millones pesos chilenos a los que hay que sumarle un avalúo fiscal por el impuesto territorial de $ 838 mil. 

Sin embargo, según consta en el acta acuerdo de negociación del terreno, "la comunidad indígena Antonio Aníñir acordó con el vendedor, don Guido González Acaten, el pago de 12 millones de pesos chilenos por ese lugar, aclarando en una de las notas al pie que las partes están en conocimiento de la tasación efectuada por una empresa consultora y que los beneficiarios asumen el sobreprecio".

La colectividad en cuestión recibió la suma de $ 504 millones de pesos chilenos (unos 909.929 dólares), con los que hizo esta compra, por ser una de las beneficiarias del 13º Concurso Subsidio para la Adquisición de Tierras para indígenas de la CONADI. Es que, en "en la ley de presupuesto está previsto el Fondo de Tierras y Aguas destinado a brindar un subsidio cuando la superficie de una comunidad aborigen sea insuficiente, previa postulación y aprobación del director nacional de la Corporación".

Es importante señalar que la CONADI "es la encargada de administrar ese dinero y de vigilar tanto el uso de los fondos como la finalidad para los que se destinan". 

Pero las irregularidades detectadas por la Controlaría de Chile continúan. Hubo otro terreno que según el informe predial "su compra no era recomendable porque el acceso era de tierra lo que lo volvía imposible el ingreso para cualquier vehículo en invierno, el suelo estaba forestado y no era habitable". Su tasación era de $19 millones de pesos chilenos pero la comunidad indígena "volvió a acordar con su vendedor un sobreprecio que elevó el valor del inmueble a 48 millones".

Otro lote, también de acceso dificultoso, con suelo forestal y sin cerco perimetral valuado en casi 17 millones de pesos chilenos, con un impuesto territorial de otros casi 3 millones finalmente fue pagado por 36 millones "bajo explícito acuerdo del pago de un sobreprecio". 

El informe de la Contraloría detalla más adquisiciones con similares situaciones. Ante este caos, y teniendo en cuenta que "la comunidad indígena Antonio Aníñir compró terrenos no recomendados a precios de venta que exceden, en su mayoría, el 100% de las tasaciones efectuadas por la empresa consultora" el organismo de control decidió "iniciar un sumario administrativo para establecer las responsabilidades cuando se determine el perjuicio al fisco".

Además, “denunciará a la justicia ordinaria la adquisición de los terrenos que no cumplan con las recomendaciones técnicas”. Hará lo mismo con todos los funcionarios de la CONADI que hayan tenido conocimiento de las irregularidades.