Un grupo de concejales de La Plata denunció ante la justicia que el intendente Julio Garro les impide ingresar a una plataforma digital en la que se va volcando la ejecución presupuestaria de la capital bonaerense. 

El reclamo de los ediles es porque no pueden conseguir la clave de acceso al sistema llamado Reforma de la Administración Financiera del Ámbito Municipal (RAFAM), donde quedan asentados todos los detalles de las cuentas públicas, asignación de proveedores y transferencias. 

Una de las denunciantes, Victoria Tolosa Paz, explicó ante la prensa local que incluso presentó notas en mesas de entrada de varias dependencias comunales solicitando esa contraseña, pero que hasta ahora no tuvo éxito. 

Los concejales explicaron que Garro incumple una norma del Tribunal de Cuentas de la provincia, que exhorta a los municipios a poner a disposición de los Concejos Deliberantes las claves del RAFAM, y también reclamaron conocer el texto completo de un decreto del año pasado, en el que se designa a los titulares de la plataforma en cuestión. 

Trascendió que los ediles decidieron llevar el tema a la justicia porque este sábado 31 de marzo vence el plazo para que la municipalidad platense entregue al cuerpo deliberativo la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2017 y, según dicen, los detalles de esa administración figuran únicamente en el RAFAM: “Hoy los concejales no tenemos posibilidad de saber cómo se gasta el dinero público, algo a lo que tenemos derecho”, dijo a la prensa Tolosa Paz. 

Antecedente porteño

En la Ciudad de Buenos Aires se presentó una situación similar con respecto al acceso a la información. Pero, en este caso, no era la Legislatura sino la Auditoría porteña (AGCBA) la que no podía hacerse de los datos para controlar la marcha de la administración.

En efecto, esta historia comenzó en junio de 2009, cuando el Gobierno de la capital puso en vigencia el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Si bien el objetivo manifiesto del Ejecutivo era apuntar a la transparencia en la gestión, lo concreto fue que la iniciativa obstaculizó la labor del organismo de control que, desde entonces, comenzó una serie de reclamos por el acceso irrestricto a los expedientes. 

Fueron por lo menos seis los pedidos de la AGCBA que no obtuvieron respuesta, hasta que en septiembre del año pasado se aprobó un nuevo esquema que permite a los auditores visualizar la información, aunque con algunas condiciones.

Es que, para que los técnicos avancen con sus investigaciones deben atravesar varios pasos: primero, el trabajo de auditoría tiene que estar aprobado por el organismo de control; luego, hay que notificar a la repartición que será examinara, tanto del informe como del equipo que va a participar.

Y para que ellos sean dados de alta en el llamado Ecosistema, la cartera auditada será la encargada de enviar una comunicación a la Administración Central del SADE con nombre, apellido, CUIT y mail de cada integrante; nombre y período de auditoría y la nota original que dio origen al trabajo. Cumplido este paso, dicha Administración da de alta al proceso. 

Una de las particularidades de este nuevo esquema es que, según trascendió, en cualquier momento del proceso se pueden deshabilitar auditorías completas, usuarios auditores o expedientes relacionados con el proceso.