Miembros del directorio de una empresa minera de Catamarca deberán trasladarse a Buenos Aires para declarar ante un juez federal en el marco de una investigación por presunto fraude al Estado mediante la venta de lingotes de oro a precio vil.

Se trata de la cúpula del emprendimiento Yacimiento Minero Agua de Dionisio (YMAD), una firma pública y tripartita conformada por el Estado catamarqueño, la Nación y la Universidad de Tucumán. 

La convocatoria, hecha por el juez Sebastián Ramos, surge de la denuncia inicial formulada por el actual presidente del YMAD, Santiago Albarracín, contra la gestión que estuvo al frente del proyecto hasta diciembre de 2015.

En aquel momento, el titular del yacimiento era Manuel Benítez, a quien la Oficina Anticorrupción acusó de operaciones irregulares tanto con la venta de oro como con la importación de cianuro usado en la mina. 

Aquella denuncia original fue luego ampliada por la diputada nacional Elisa Carrió, quien considera que la responsabilidad por esas maniobras fue compartida entre Benítez y su contador y exasesor Juan Iraizoz; la exgerenta financiera de YMAD, Irene Castro; el exencargado de ventas, Leandro Posada; el extesorero, Juan Etcheverry y el exjefe de compras, Santiago Alexis Sisto.

Desde 2008 las ventas de oro se multiplicaron 100 veces sin criterios lógicos de explotación.

La causa se originó tras una auditoría privada llevada adelante por la consultora Deloitte, que había sido convocada por Albarracín ni bien asumió al frente del yacimiento. 

Este trabajo reveló que, históricamente, el volumen de ventas de oro de Agua de Dionisio siempre fue muy bajo, porque el proceso de refinado del metal precioso era tan costoso que su producción daba pérdida. 

Sin embargo, desde 2008 la comercialización se multiplicó casi cien veces “sin criterios lógicos de explotación”, dijo la consultora internacional. En efecto, aquel año se vendieron unos 12,5 kilos de oro, mientras que en 2015 el volumen llegó a 1.155 kilos.

Otro elemento que llamó la atención del informe fue quiénes compraban los lingotes. Por ejemplo, tras analizar 142 expedientes de venta por 808 millones de dólares, surgió que muchas de las firmas eran cerealeras o ganaderas, que no tenían relación con el mercado de metales preciosos y que, en varios casos, carecían de la capacidad económica para adquirir oro.

Una de esas compañías es Siembra y Comercialización de Granos S.R.L., en la que, según la prensa catamarqueña, participaba uno de los hijos del empresario Lázaro Báez.

Los lingotes eran comprados por empresas no vinculadas al mercado de metales preciosos.

Además, el trabajo de Deloitte alertó sobre posibles sobreprecios en la importación de cianuro de sodio para ser usado en el yacimiento. Estas operaciones costaron, solo en 2015, unos 2.127 millones de dólares. Lo curioso es que se les concedía las licitaciones siempre a las mismas empresas, las que no presentaban documentación correspondiente para brindar ese tipo de servicios. Y se destacó que no había controles de calidad sobre la forma en que se trasladaba la sustancia.

¿Quién controla?

Agua de Dionisio dispone de una unidad de auditoría interna que fue analizada hace más de 10 años por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En aquella investigación se relevó que la oficina había planeado en 2007 realizar unos 39 controles sobre el funcionamiento de la empresa, pero que solo pudo llevar adelante ocho, y no informó por qué se desvió de su propio plan de acción.