Dos ex jefes de la Gendarmería Nacional están imputados por una presunta estafa de 6 millones de pesos contra la administración pública, ocurrida mientras prestaban servicios en el Escuadrón Barreal de la provincia de San Juan.

Los casos que se investigan van desde el pago de sobreprecios en la compra de víveres hasta el uso de fondos enviados por la Nación para financiar gastos personales.

La Justicia avanzó con la denuncia surgida en 2014, tras una auditoría hecha por la propia fuerza y por peritos de la Policía Federal, más la comparación de varias operaciones que hicieron los gendarmes con los precios testigos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

Si bien no se conocieron detalles, sí trascendió que uno de los uniformados ya fue indagado la semana pasada, mientras que al otro se le tomará declaración en los próximos días, junto a diez comerciantes que también quedaron involucrados.

Las sospechas y los sospechosos

Los imputados son, por un lado, el comandante principal Darío Fabián Barco, que al momento de los hechos estaba al frente del Centro de Formación de gendarmes y, por el otro, el segundo comandante Jorge Ariel Castro, hasta entonces jefe de la Unidad Técnica Contable, es decir, el encargado de manejar las finanzas del Escuadrón.

Entre los hallazgos de la investigación aparece la factura de un proveedor por 800 kilos de carne molida, cuando en realidad entraron al destacamento algo más de 110 kilos, lo que significó un perjuicio de casi 45 mil pesos.

Hay 10 comerciantes involucrados, que declararán en los próximos días

Y hay varios casos como ese. Los peritos se encontraron con comprobantes emitidos entre diciembre de 2013 y los primeros meses de 2014 por arroz, fideos, verduras y jugos que nunca ingresaron al Escuadrón y que oscilaron entre los 7 mil y los 400 mil pesos.

Según la pesquisa, Castro y Barco habrían contactado a diez proveedores, de los que no trascendieron sus nombres, para la compra de alimentos. La modalidad elegida en las operaciones fue la conocida como legítimo abono, que en este caso consistió en contraer una deuda con comerciantes a quienes se les paga dentro de los 30 días de la facturación. El tema es que, por los montos en cuestión, los gendarmes tendrían que haber llamado a licitación, o bien apelar al sistema de compras directas.  

No obstante, la falencia más llamativa se le atribuye a Castro, quien habría contratado 25 celulares corporativos con dinero de la Fuerza, se quedó con uno y los restantes los repartió entre sus familiares y compañeros del Escuadrón. La irregularidad en este caso está en que una norma interna prohíbe que la Gendarmería adquiera este tipo de servicios.