La Alianza Mundial para la Rendición de Cuentas (GPSA por sus siglas en inglés) es una institución que apoya a la sociedad civil y a los gobiernos a trabajar juntos para resolver problemas críticos de gobernanza. Este mes, referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Banco Mundial –que son parte de GPSA- elaboraron un documento en el que se investigó si la colaboración de las ONG’s fortalece la transparencia de los organismos públicos.

El relevamiento destaca que el trabajo en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil con las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) ayuda a superar las limitaciones de ambos actores debido a que se forjan en un proceso incremental de intercambio de información, consulta y coordinación.

Una de las instituciones que está jugando un papel clave como intermediaria entre el Estado y los ciudadanos son las Defensorías del Pueblo, la cual se focaliza en la investigación de las quejas de la ciudadanía en relación a la prestación de servicios. En tanto, las EFS le dan más valor a la realización de auditorías, centrando su trabajo en la economía, la eficacia y eficiencia de la aplicación de políticas.

Participación de la Sociedad Civil

La Auditoría General de la Nación (AGN) coordina talleres temáticos en los que invita a las ONG’s que trabajan en campos específicos –como medio ambiente, transporte, discapacidad-, a ofrecer información en la planificación de las auditorías. Este proceso proporciona datos útiles para los auditores de campo porque incluyen la información recogida por la sociedad civil que arroja luz sobre las áreas a evaluar, mejorando así los informes del organismo de control.

Gracias a esta dinámica, en 2003, la AGN realizó una auditoría sobre la accesibilidad del transporte e invitó a participar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Los resultados revelaron que aunque las empresas de transporte tenían vehículos para alojar a los discapacitados -como rampas-, estos tenían menor disponibilidad durante las horas pico. “Tal problema solo podría haber sido detectado con participación de la sociedad civil”, asegura la investigación.

Otro de los ejemplos es el sitio web Contraloría y Ciudadano, puesto en marcha por la Contraloría General de Chile (CGR) para canalizar las sugerencias y quejas de los ciudadanos sobre los procesos de auditoría.

En Sudáfrica, el Servicio Público de Monitor de Responsabilidad (PSAM), una ONG, trabaja en estrecha colaboración con el Parlamento para dar seguimiento a los casos de mala gestión o irregularidades señaladas por la Auditoría de ese país. El PSAM publica resultados de los informes en comunicados de prensa que difunde a través de programas de radio.

El documento de GPSA cuenta el caso del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud de Guatemala que promueve la "alfabetización de los derechos" entre las comunidades indígenas, dándoles cámaras de video y grabadoras de voz para documentar violaciones de los derechos y fallas en los servicios públicos. La evidencia detectada por la población se entrega a la Defensoría del Pueblo para que luego se tomen medidas. 

En 2003, la Defensoría del Pueblo de Perú llevó a cabo una investigación sobre el acceso a la base de agua a través de las quejas recibidas por los ciudadanos. A raíz de esos datos, en 2007 presentó 19 recomendaciones al gobierno y a las entidades pertinentes para mejorar la gestión y el funcionamiento del servicio. Este informe no solo dio lugar a cambios estructurales en los servicios de provisión de agua, sino que también sirvió como un catalizador en la formalización de la cooperación interinstitucional y la promoción de la participación ciudadana en un diálogo sobre el acceso y la distribución de agua.