El Ingeniero E. B., por su nombre en el informe, bien podría ser el villano de un comic. Pero no lo es. Se trata de una persona real. Puntualmente es quien, en las negociaciones de la compra de material ferroviario, se presentó a los chinos como representante de argentina y en nuestro país como enviado oriental. Así lo manifiesta el informe de la Auditoría General de la Nación aprobado en mayo de 2015.

Pero el juego a dos puntas de este misterioso personaje no es el único entretenimiento: este trabajo de la AGN, aprobado por la mayoría del Colegio de Auditores, presenta diferencias sustanciales con el documento original que tan solo contó con el visto bueno de la minoría. 

Sobre la negociación de los contratos de adquisición de material rodante para la ex Línea San Martín se destaca en ambos informes "la intervención de un representantes sin atribuciones legales". El documento certificado por la minoría y modificado a posteriori agrega que su participación fue "en manifiesta oposición de intereses".

Ambos textos coinciden en que "toda persona que represente algún interés ajeno debe acompañar su labor de documentos que acrediten su legitimidad". 

Del relevamiento de los expedientes se desprende que “el Ingeniero E. B. de la empresa Moore Stephens Global Link actuó en representación del Estado Argentino en la negociación de los contratos de suministro y financiamiento". 

De hecho, hay intercambios de mails entre representantes de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que en aquel momento asesoraba a la Subsecretaria de Transporte Ferroviario, y el Ingeniero". Además, del informe técnicos surge que era "asesor del Ministerio de Planificación Federal en cuestiones técnicas del material rodante y que estaba radicado en Shangai".

Ambos informes de la AGN relatan que "la empresa china le pide a la Secretaría de Transporte establecer un contacto directo con ella a pesar de que el señor E. B. solicitó que se contactaran siempre a través él".

Pero en la negociación y aprobación de la quinta enmienda al contrato comercial todo cambia. En una reunión realizada en septiembre de 2011, "la Argentina se compromete a elaborar una lista con las mejoras tecnológicas deseadas para las locomotoras y se las enviaría al Sr. E. B. quien, según un informe técnico de la Secretaría de Transporte, es un representante de la compañía proveedora".

Sí, como si padeciera esquizofrenia el famoso Sr. o Ingeniero E. B. le ofreció asistencia ambos países, con intereses enfrentados en un mismo caso.

Lo que no figura en el informe aprobado por la mayoría pero si en el original es que "existieron negociaciones en las que participó una persona, sin autorización legal, en aspectos altamente significativos, tanto técnicos como económicos, diciendo ante funcionarios chinos, ser un supuesto representante del Ministerio de Planificación y ante autoridades nacionales manifestaron ser representante de los oferentes" es decir, de los orientales. 

Todo ello "sin que nadie le haya pedido acreditación y actuando en interés de partes contrarias en el marco de una misma negociación, situación incompatible, anti ética y que pudo haber incidido en la transparencia". 

El informe aprobado evaluó el período que va de enero de 2004 a diciembre de 2012. Durante ese período el transporte estuvo la mayor parte del tiempo bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal siendo una Secretaría. Recién en junio de 2012 se convirtió en un Ministerio unificado con el del Interior tal como hoy se conoce.

Chino mandarín

La normativa vigente establece que los documentos que integran actuaciones administrativas “deben redactarse en idioma nacional”. Además, en caso que haya documentos en idioma extranjero “tienen que acompañarse con su correspondiente traducción hecha por un traductor matriculado”.

Pero en los expedientes la cuestión no sería así. En ambos informes la AGN señala la “ausencia de traducciones respecto a algunos documentos” como en las primeras modificaciones de los contratos celebrados para el suministro de coches de pasajeros y locomotoras o en una nota del presidente de la empresa china a la Secretaría de Transporte respecto a las acciones a seguir para finalizar las negociaciones.

Al respecto, el informe de la mayoría, que es el publicado online, destaca que el Ministerio de Planificación señaló que “es entendible que en este tipo de contratos el uso de una lengua común a las partes se utilice, en este caso el inglés” y que por ello “la documentación en ese idioma fue considerada como suficiente”. 

Sin embargo, el informe de la minoría destaca que lo señalado “no obedece a una cuestión formal sino que tiene como objetivo contribuir a la publicidad, difusión y transparencia de la gestión de lo público”.

¿Qué se auditó?

La AGN evaluó la gestión de tres contratos comerciales de suministro de material rodante entre la Secretaría de Transporte y las siguientes empresas:

Por un lado, el suministro de 279 coches de pasajeros para la red de Subterráneos de la CABA con China International Trust and Investment Corporation (CITIC). Este acuerdo se firmó el 5/11/2008 y tuvo contratos complementarios del cual solamente se ejecutó el primero como consecuencia de “la falta de anticipos de pagos y la posterior transferencia del servicio de subte al Gobierno de CABA en enero de 2012". Este primer contrato se efectuó para la adquisión de 45 coches de pasajeros para la Línea A por un precio total del U$S 99.963.000.

Por otro, la compra de 24 locomotoras diesel, 160 coches de pasajeros, repuestos, herramientas y capacitación técnica destinados a la ex línea San Martín con China South Locomotive and Rolling Industry (CSR). El primer acuerdo para la compra de las 24 locomotoras se efectuó el 25/08/2006 por un monto U$S 47.290.316 valor que fue modificado el 2/09/2009 y que elevó el precio a U$S 48.742.316.

Además, el contrato para la compra de los 160 coches que se firmó el 22/08/2006 por un valor de 74.324.395. Dicho valor fue modificado del 24/09/2009 y lo llevó a U$S 85.173.677,00. Por otro cambio en octubre de 2012 (firmado por el Ministro de Interior y Transporte) se aumentó el precio en U$S 10.129.224, aunque fuera del financiamiento previsto.