Hace poco más de un año, un equipo de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) recorrió la avenida 9 de Julio, para revisar el estado de los espacios verdes ubicados entre la calle Carlos Calvo y la Plaza de la República. En el camino, el organismo observó falta de bebederos, griferías y de riego en varios tramos. A esta situación, se sumaron distintos incumplimientos de una de las empresas prestatarias del servicio de mantenimiento de esos parques. Por eso, en un informe aprobado en marzo último, los técnicos concluyeron que existen “diversas falencias en el control y cumplimiento” de los contratos existentes, tanto por parte del Ejecutivo local como del sector privado.

La Auditoría analizó las tareas de mantenimiento de espacios verdes efectuadas durante 2013, justo antes de que se transfirieran a las Comunas los recursos destinados a esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Espacios Verdes (DGEV), dependiente del Ministerio de Espacio Público.

Cuenta el informe que, para el cuidado de estos lugares, en 2011 la Ciudad convocó a una licitación que tenía un presupuesto de 306 millones de pesos. Sin embargo, cuando el servicio fue adjudicado, el monto final terminó siendo un 41,7% más alto y llegó casi a los $ 434 millones orientados a una prestación que debía ejecutarse en 36 meses.

Paralelamente, la Capital fue dividida en ocho zonas, de las cuales siete se asignaron al sector privado y la restante quedó a cargo del Gobierno porteño, a modo de caso testigo pre-implantación del esquema de Comunas.

Para más detalles de esta subdivisión, y sobre todo a qué Comunas correspondía cada zona, hacer click en Descargue el Informe.

A partir de este universo, la Auditoría ciñó su análisis, por un lado, a la Zona 1, cuyo ámbito de acción fue justamente la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución). La prestataria de este territorio fue una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Urbaser Argentina, Transportes Olivos S.A., y Seob S.A.; por otro lado, se incluyó la Zona 2, que abarcó las Comunas 3 (Balbanera y San Cristóbal), la 5 (Almagro y Boedo), la 6 (Caballito) y la 15 (Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas). Y en este caso la empresa adjudicada fue Salvatori S.A. Parques y Jardines.  

En tercer lugar, también se examinó la Zona 4, correspondiente a la Comuna 8 (Soldati, Lugano y Riachuelo), que fue la atendida por el Estado porteño. No obstante, en este caso también hubo una empresa contratada, Ecología Urbana S.R.L., cuya obligación era específicamente aportar equipos e insumos para los trabajos de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en los contratos vigentes entonces.

“Diversas falencias”

La recorrida ya mencionada fue hecha por la AGCBA el 24 de junio del año pasado y pretendía relevar la ejecución de los “Servicios Estéticos Funcionales Zona 1”.

Observaron los técnicos durante la revisión la “falta de riego en canteros centrales” de la 9 de Julio entre Belgrano y Carlos Calvo.

Además, fueron advertidas varias falencias en la esquina de la 9 de Julio e Independencia, como la “falta de riego en los canteros laterales, falta de hamacas del patio de juegos; y la falta de reposición de bebederos y griferías”.

Por otra parte, se señala que la licitación original preveía, en su artículo 21, que el Estado porteño retuviera el 3% del costo del contrato de cada zona para afrontar el programa “Intendentes/Guardianes de Plaza”, esto era la capacitación de quienes desempeñaran esas tareas. Sin embargo, el informe remarca que “no surge del análisis de los certificados que se haya efectuado esa retención”.

Asimismo, otra falencia detectada tiene que ver con el incumplimiento del artículo 69 del pliego de licitación. En este caso, el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad debía instrumentar un Plan de Comunicación de las tareas de mantenimiento de espacios verdes, para que los vecinos, que eran a la vez destinatarios de las mejoras y “receptores primarios de las molestias temporales derivadas de los trabajos”, estuvieran al tanto del avance de la iniciativa.

El organismo de control adjunta que la falencia de la cartera radica en no haber exigido a las contratistas el cumplimiento de esta obligación, ya que eran las empresas las que debían incluir la iniciativa en sus ofertas, elaborar y ejecutar el Plan de Comunicación, y hasta destinar el 0,5% de su facturación total.

Comunas

En 2013, el Ejecutivo de la Ciudad dispuso mediante un decreto la “transferencia de las funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios verdes” a las Comunas; esa cesión incluía los contratos vigentes hasta entonces y los montos presupuestarios involucrados, que quedarían bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

En ese sentido, y para completar su examen, la AGCBA dice que el Ministerio de Espacio Público “no dictó actos administrativos reglamentarios, aclaratorios y necesarios para la adecuada implementación del decreto de transferencia”, es decir, la norma estaba, pero la cartera no especificó cómo llevarla a cabo. “Por su parte -agrega la investigación-, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana no adjuntó las actas acuerdo celebradas con cada Comuna, aunque sí dio intervención al Consejo de Coordinación Intercomunal para la efectiva transferencia de los recursos presupuestarios para la materia”.

Pero las falencias halladas no se limitan a la parte estatal de la iniciativa. Es que la Auditoría notó que “la  empresa contratista de la Zona 4 (Ecología Urbana SRL) no proveyó del camión regador, una pala mini bob-cat, tampoco un hidro elevador y tres tractores tipo kubota. Asimismo la - HIDROGRUA F100 tipo pick-up y el camión volcador con tanque Mercedes Benz presentan un antigüedad mayor de cinco (5) años según refleja su número de dominio. Recordemos -completan los técnicos- que en dicha Zona el mantenimiento de los espacios verdes es llevado adelante por el propio Gobierno de la Ciudad, sin embargo correspondía a la prestataria proveer de los bienes e insumos necesarios para el mismo”.

Convivencia

Como se mencionó, antes de la transferencia a las Comunas, en el mantenimiento de las plazas convivían las empresas y la cartera de Espacio Público, en la que funcionaba la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV), oficina estatal encargada de ejecutar la iniciativa.

¿Y cómo operaban juntas? Narra la Auditoría que la coexistencia se daba mediante dos Libros, uno de Comunicaciones, en el que la Dirección daba órdenes de trabajo a las contratistas luego de inspeccionar los espacios verdes; y el otro, de Pedidos, completado por las firmas.

En este punto la AGCBA también notó falencias. Por ejemplo, cuando se le solicitó el Libro de Pedidos a la Dirección “no se encontraban al momento del análisis”. Entonces, el organismo de control tuvo que apelar a las empresas, que entregaron el material “días más tarde”.

Otros hallazgos fueron la “incorrecta caratulación de los Libros”, y la “imposibilidad un registro cronológico apropiado”. Esto último ocurrió porque había “notas de pedido sin numerar, notas de comunicación sin fechas” y varios papeles con la numeración repetida.

Para completar, la Auditoría sentenció que “tampoco se han visto reflejadas en el libro de comunicaciones las tareas de inspección llevadas adelante por la Dirección”.