En 2008, el Estado nacional pagó casi 2 millones de dólares por cada vagón de subterráneo comprado a China y, aunque parezca increíble, cinco años después la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante una operación similar con el mismo vendedor y terminó abonando U$S 414 mil menos por unidad.

El dato figura en las dos versiones difundidas por la Auditoría General de la Nación (AGN) del mismo informe sobre compras hechas al gigante asiático de material rodante que fuera destinado a la exlínea San Martín, los servicios ferroviarios de larga distancia y al subterráneo de la Capital Federal. Aunque, como ya se publicó la semana pasada, ambas interpretaciones tienen diferencias entre sí.

Las operaciones

El vendedor en cuestión es la empresa oriental CITIC, cuyo vínculo con la Nación data de fines de 2008, cuando se acordó mediante tres contratos la compra de 279 coches por más de 650 millones de dólares.

Sin embargo, sólo fue ejecutado el primero de esos acuerdos, por 45 vagones para la línea A -que actualmente une Plaza de Mayo con San Pedrito-. La investigación marca que en ese entonces la firma cotizó cada coche en 1.995.000 dólares, monto al que se sumaron conceptos como repuestos y herramientas, documentación y servicios técnicos, y capacitación para la puesta en funcionamiento y mantenimiento, y así se arribó a un costo total de U$S 99.963.000.

La auditoría agrega que, luego de la compra, la conexión entre ambas partes no avanzó por dos motivos: uno fue la “falta de pago de anticipos”, y el otro, la posterior transferencia de la administración del subterráneo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casi cinco años después, en marzo de 2013, la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) convocó a una licitación pública para comprar 105 coches más. Y otra vez la adjudicataria fue CITIC, que en esta oportunidad cotizó cada vagón en 1.581.000 dólares, es decir, U$S 414 mil menos por unidad y una diferencia del 21% entre ambas operaciones.

Las opiniones

El informe del bloque mayoritario de Auditores Generales sostuvo que “no ha podido determinar la posible comparabilidad” de las dos compras argumentando, por un lado que, como SBASE es de la Ciudad, el seguimiento de sus gestiones le corresponde a la Auditoría porteña y no al organismo de control nacional.

En segundo término, esta versión comparte el descargo del ente auditado, es decir el Ministerio del Interior y Transporte (exsecretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal): “Allí -explica el trabajo- se hace referencia a algunos factores que pudieron haber influido en la diferencia de valor ente ambos proyectos. Por ejemplo, se cita que para los coches adquiridos por el Estado nacional, gran parte de sus componentes fueron importados desde Francia y transportados (luego) a China”.

Esto significa que, por los dispositivos que conformaban los coches, hubo que pagar una especie de doble flete. A partir de esto, la mayoría dentro de la AGN sugirió que, “en caso de tener elementos 100% de origen chino, el precio (de los vagones) será menor repercutiendo en el costo final”.

Y completa que, en ese sentido, “habría que analizar qué tipo de componentes han sido utilizados como para poder afirmar que (los coches comprados por Nación y Ciudad son) idénticos productos”.

En tercer término, la visión mayoritaria también destacó que la licitación hecha por el Gobierno porteño “tuvo como antecedente la realizada por el Estado Nacional, esto se traduce en que el oferente y fabricante (la empresa CITIC) contaba con información de privilegio sobre un producto ya fabricado y con toda la ingeniería de diseño, lo que impacta en al menos un 25% del valor del contrato”.

Concluye este informe aprobado por la mayoría, que la AGN no contó con la totalidad de la información de la segunda contratación a efectos de poder realizar una comparación sobre las condiciones financieras del proyecto.

Sin embargo, la versión de la minoría dentro del Colegio de Auditores estudió varias alternativas para tratar de explicar los distintos precios pagados por los estados en cuestión.

En primer lugar, se analizó la evolución de los valores del dólar y el yuan durante el lapso entre una operación y otra. La conclusión fue que, tras cinco años, la moneda china se había apreciado en un 12%, por lo que “la variación encontrada en los montos de ambos contratos no puede ser explicada por la diferencia de cotización”.

También analizó el bloque minoritario las cotizaciones de dos commodities relevantes en las compras: el petróleo y el acero.

Dice el informe que en noviembre de 2008, cuando se hizo la primera compra a CITIC, el barril de petróleo cotizaba a U$S 99,20 (en valores constantes de 2013), mientras que en la segunda operación esa cifra había trepado a los U$S 101,17.

En tanto que “se pudo observar que el valor de la tonelada métrica de acero en enero de 2013, era ampliamente superior al que se registró en agosto de 2008”.

Ambos datos llevaron a concluir a la minoría que estas variables “no permiten explicar la diferencia de precios entre ambos contratos”.

La propuesta

En la edición anterior, este medio había referido que, más allá de las dos versiones del informe, también existía una “Propuesta de Voto”, es decir, otro documento elaborado por dos de los Auditores de la mayoría, en el que figuraban sugerencias para modificar observaciones que aparecían en la investigación original.

Pues bien, con respecto a la diferencia de precios por los vagones para el Subte, en esta Propuesta de Voto se solicitó “la modificación de la observación en la forma en que quedó definida en el informe de la mayoría”.