Productos anti plagas por U$S 3 millones que no fueron usados, vacunación contra la aftosa fuera de control y obras que llegaron a casi duplicarse en tamaño por falta de prevención. Este es el panorama que la Auditoría General de la Nación (AGN) observó en su evaluación al Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria (PROSENASA).

El organismo de control analizó la gestión del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó para dicho programa a fin de incrementar la competitividad nacional e internacional del sector agropecuario y agroindustrial. 

El empréstito del BID representa el 70% del total del aporte al programa y fue de U$S 100 millones. El restante 30% fue desembolsado localmente. El plazo previsto de trabajo era de cinco años, por lo que “para abril de 2013 el PROSENASA debería haber finalizado su labor”. 

Pero “hubo significativos retrasos” que generaron mayores desembolsos, por el cambio de precios, intereses y comisiones de crédito que extendieron las actividades a abril de 2015. De hecho, el informe señala que a diciembre de 2012 PROSENASA registraba una importante subejecución de los fondos del préstamo: solo se había gastado el 50% de ellos.

El control fitosanitario está bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección Vegetal (DGPV) que tiene, a su vez, dos programas a su cargo: el de Supresión de la Carpocaspa (PNSC) y el de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM).

Este último, pretende erradicar esa plaga, que afecta al sector frutihortícola en general y al citrícola en particular. Se puede encontrar en la Patagonia y en el sur de Mendoza, donde "se desplegaron trampas para la detección", y en la zona de Entre Ríos y Corrientes donde "la estrategia se orientó hacia el control químico".

El préstamo del BID "financió la adquisición de cebo químico de bajo impacto ambiental" que, a partir de los estudios realizados por el equipo de la AGN, es el tratamiento “adecuado" pero que "por diferentes circunstancias no tuvo la eficacia esperada".

Los problemas y climáticos hicieron que "en la última campaña casi 300 mil litros del agroquímicos, por un valor de U$S 3 millones, no fueran aplicados". El informe detalla que "están almacenados en galpones de productores privados pero con riesgos de pérdidas, robos o riesgos ambientales por una ocasional rotura de los contenedores". A ello se suma que "se acerca la fecha de su vencimiento".

Por otro lado, el Programa de Supresión de la Carpocaspa, o polilla del Manzano, "logró un paulatino reemplazo de las técnicas más agresivas de control de plagas por otras más amistosas para el medio ambiente". 

Resulta interesante señalar que la polilla "produce daños en las frutas, principalmente peras, manzanas y membrillo, y disminuye la colocación de ellas en el mercado".

Sobre las plagas en general, la AGN señaló que “no hay registros en el sistema”. Es más, “hay información parcial sobre algunas de ellas”. Con respecto al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, el que tiene la información vegetal “es incompleto ya que solo hay registros de los exportadores”

El ganado 

El programa también financió diferentes trabajos tendientes a consolidar el Sistema de Sanidad Animal a partir de la adquisición y provisión de vacunas anti aftosa y el manejo de las emergencias.

En la actualidad existe una Zona de Alta Vigilancia Epidemiológica que comprende la zona fronteriza con Bolivia, Paraguay y Brasil. Allí el SENASA “tiene la responsabilidad de adquirir y proveer la vacuna sin ningún costo para los ganaderos”.

No obstante, los auditores detectaron que ese proceso “es lento” y que “no permite asegurar que llegue en el momento requerido”. Además, “el mecanismo de inmunización no prevé un sistema que permita distinguir entre el ganado ya vacunado del que no lo está”. 

El proceso de vacunación  “es documentado mediante un Acta de Vacunación donde figuran datos como la fecha, información del productor y del establecimiento, la cantidad y el tipo de animales inmunizados” entre otras cuestiones. Toda la información debería ser volcada con posterioridad al sistema SIGSA pero “no todos los Centros Regionales cuentan con el personal administrativo suficiente para hacerlo”.

Modernización

El informe, que evaluó de octubre de 2012 a agosto de 2013, expone que para la construcción de centros regionales, laboratorios y la realización de todas las refacciones necesarias y el ordenamiento informático, el PROSENASA tenía asignado un presupuesto de casi U$S 23 millones. 

Pero en este punto la AGN detectó importantes demoras entre la apertura de la actuación y la adjudicación de la obra, “superando los tiempos sugeridos por el BID”. También se registraron largos lapsos “entre la solicitud de gasto y la adjudicación de la obra” que llevaron a “importantes modificaciones en los costos de los trabajos”.

De hecho, en cuatro de los seis expedientes observados “había modificaciones significativas en comparación con las superficies inicialmente planeadas”. El más llamativo es el caso que “por la inclusión de un laboratorio la superficie se amplió en un 75%”. El informe señala que “si bien es lógico suponer ajustes, la magnitud  de los mismos dejan ver una incorrecta dimensión de las necesidades”.

Económicamente esta obra “comenzó valiendo $4 millones pero por las idas y venidas los costos crecieron en un 133% y terminó de construirse por $9,3 millones”.

Por otro lado, para establecer un reordenamiento normativo se desarrolló un sub proyecto dentro del financiamiento del BID y se le destinó U$S 202 mil.

Sin embargo, una vez aplicado el archivo magnético de normas la AGN señaló que “presenta falencias de sistematización de contenidos y dificultades a la hora de la consulta y su actualización”. Los auditores detallan que “no hay seguridad de estar consultando la última versión de los datos”. 

Yendo a lo técnico

El SENASA tiene la facultad de crear unidades de ejecución y bajo esa facultad fundó la Unidad de Gestión del Programa (UGP) que tiene bajo su órbita las cuestiones ambientales, de programación y seguimiento, de adquisiciones y contrataciones y, a su vez, son responsables de la coordinación de áreas sustantivas del programa. 

Esta última tiene un Comité Técnico Asesor del Programa que, en palabra de los auditores, “no cumplió con su rol de coordinación institucional”. Durante las tareas de campo “no se pudo constatar que se haya reunido ni que las decisiones que tomó se hayan formalizado”, por ejemplo a través de Actas. 

El Área Ambiental de la Unidad de Gestión “no se estructuró según los parámetros pre establecidos” y este punto fue señalado como “una debilidad” ya que “se trata de una de las áreas más importantes del programa”.

En cuanto al control interno, “existen debilidades por la falta de separación de funciones”. La AGN señaló que hay dos coordinaciones con niveles de jerarquía “bajo el control de una misma funcionaria sobrecargándola de tareas”.

Sobre los tiempos, el informe señala que “entre la fecha de apertura de un expediente hasta la emisión de la orden de compra, el 35% de los casos superó los 360 días”. Esto expone un proceso de adquisición “lento” pese a que se trata de bienes de consumo recurrente. 

En relación al circuito de pago, los auditores vieron que “desde la fecha de apertura del expediente hasta la de pago, en el 81% de la muestra hay una gestión por debajo de los 60 días”.