La Auditoría de Estados Unidos (GAO) evaluó durante el periodo 2012-2014 la financiación y la utilización de los recursos de las agencias federales que se encargan de investigar la medicina regenerativa.

Uno de los motivos por los que se está apostando a este tipo de medicina es porque muchas personas mueren en la espera de un trasplante de órgano. De hecho, la Auditoría de nuestro país también evaluó, tiempo atrás, los inconvenientes sobre el sistema de trasplantes en Argentina. Por esto los científicos están buscando formas para que los órganos sean restaurados “mediante el uso de terapias para regenerar las células” de los mismos. 

Cabe señalar que esta medicina –también llamada “ingeniería de tejidos”- sirve a su vez para tratar a las “personas con pérdida de extremidades y quemaduras graves”. Es que se está trabajando para “mejorar la restauración de los huesos y así reducir el dolor, el sangrado y las cicatrices” así como para “disminuir la cantidad de piel que tendría que ser cosechado para el tratamiento de un paciente quemado”. 

El organismo de control norteamericano halló que son siete las agencias federales que están invirtiendo 2.89 mil millones de dólares en la investigación en este tratamiento “para mejorar el conocimiento científico”, así como para “mover los descubrimientos a aplicaciones prácticas”.

Teniendo en cuenta la cantidad de dinero público que se destina a este campo de la salud, es necesario que estos órganos hagan un intercambio de información en la materia. 

Según la Auditoría, las agencias establecieron mecanismos como la “participación de reuniones periódicas de un grupo de trabajo interinstitucional”, la “cofinanciación de las investigaciones” y un “copatrocinio de talleres”.

Sin embargo, algunas agencias oficiales e interesados en la materia sostienen que todavía falta una “variedad de desafíos en los avances de la medicina regenerativa” que las mismas agencias deberían afrontar: “colaboraciones eficaces entre las partes federales y no federales interesadas”, “la contratación de científicos especializados para convertirlos en empleados públicos” y la “revisión y aprobación regulatoria de los productos”.

Frente a esta situación, las agencias sostienen que contrataron “becarios posdoctorales” y los capacitaron para “construir la mezcla necesaria de habilidades interdisciplinarias para la investigación en la medicina regenerativa”.