Tras analizar la cuenta de inversión correspondiente a 2012, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó “discrepancias en la información” sobre la deuda que tiene el Estado porteño.

Es que el capítulo 5 de esa rendición presupuestaria, que habla de la situación patrimonial, dice que el monto adeudado asciende a $ 12.994 millones, mientras que en el tomo 6, la cifra baja a $ 11.270 millones.

Y el organismo de control sostiene, en su informe aprobado este año, que en la propia cuenta de inversión “no se suministran explicaciones sobre la existencia de tal diferencia, de $ 1.723 millones, ni de sus causas”.

Universo

Para su investigación, la Auditoría tomó finalmente la segunda cifra como el stock de deuda contado hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir aquellos $ 11.270 millones.

Dice el trabajo que, de ese total, $ 4.088 millones corresponden a “deuda no pública”, conformada por los compromisos con proveedores y contratistas ($ 4.056 millones), y con esfera previsional ($ 32 millones).

Mientras que la llamada “deuda pública” asciende a $ 7.182 millones, distribuidos en títulos y bonos Tango ($ 4.657 millones), préstamos con organismos internacionales de crédito ($ 1.213 millones), también compromisos con proveedores y contratistas ($ 90 millones), y el rubro “otros”, por algo más de $ 107 millones.

Con este universo para analizar, la AGCBA describió una serie de “limitaciones al alcance” de su trabajo, que están relacionadas, en primer lugar, con el área desde donde surgen los datos en cuestión; por otro, con la falta de información sobre los juicios que enfrenta la Ciudad; y por último, con la incertidumbre que generan los “reclamos mutuos” de deudas entre el Estado porteño y la Nación.

Sobre el primer aspecto, el informe señala que “el Estado de la Deuda Pública no surge del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), sino de registros que confecciona la Dirección General de Crédito Público”. Esto, para el análisis, constituye un “obstáculo”, ya que "no permite comprobar la “integridad de los conceptos y partidas que integran el stock” de montos adeudados.

En cuanto al aspecto judicial, la Auditoría observó que “la cuenta de inversión no contiene información sobre deudas de carácter eventual emergentes de juicios en trámite hasta el 31 de diciembre de 2012 en los cuales el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es demandado”. Es que los datos aportados por la Procuración porteña “no permiten practicar una estimación razonable de los montos omitidos”, y todo esto “impide evaluar el impacto económico” de las posibles sentencias sobre la deuda local.

Dice el informe: “Si bien el Gobierno no puede estimar la posibilidad de éxito en dichos procedimientos, ni el monto o el plazo de algún pago, cualquier resultado adverso puede tener un impacto en sus finanzas, por eso esta AGCBA considera necesaria su exposición”. En cuanto a esto, el organismo enumera algunos expedientes existentes: “Entre los casos destacados encontramos el litigio por un incendio desatado en un club nocturno privado, que provocó un número significativo de muertes y heridos; un supuesto daño ambiental ocasionado en zonas adyacentes al Riachuelo, y en la que la Ciudad es codemandada; y las supuestas negligencias en procedimientos médicos llevados a cabos en los hospitales” porteños.

Buenos vecinos

Como ya se dijo, una de las limitaciones de la investigación de la Auditoría fueron los “reclamos recíprocos” de deudas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional.

De hecho, en la cuenta de inversión figura un cuadro que resume los montos que piden ambas jurisdicciones, actualizados a diciembre de 2012 (ver Descargue el Informe).

Según los números porteños, la cifra original que le debía la Nación era de 5.048 millones de pesos y casi 922 millones de dólares en concepto de tributos de la Dirección General de Rentas, Coparticipación Federal, transferencia de servicios de educación y salud, y una acción judicial contra la DGI por la no compensación de los “quebrantos impositivos” de AUSA, la empresa que concesiona las autopistas de la Ciudad. Al cierre del ejercicio 2012, y valuando cada dólar por 4,918 pesos, todos estos montos totalizaban unos $ 11.429 millones.

Mientras que el Estado nacional reclama, por entes liquidados o en liquidación, avales caídos y títulos públicos, casi 978 millones de pesos y 732 millones de dólares. A diciembre de 2012, y con la misma cotización de la moneda estadounidense que en el caso porteño, el monto trepa a los $ 4.952 millones.

Estos datos significan que el saldo neto a favor de la Capital Federal, siempre hasta 2012, llega a $ 6.476 millones.

No obstante, el organismo de control sugiere que “la cuantificación de los reclamos mutuos varía en función de las fuentes consultadas”. Es que, al margen de aquella cifra que figura en la cuenta de inversión, aparecen otros datos informados por el propio Gobierno porteño al Ministerio de Economía nacional; esos números dicen que, a diciembre de 2004, el saldo a favor de la Capital era de $ 10.678 millones, mientras la cifra favorable para la Nación ascendía a 59 millones de dólares y 15 millones de euros.

Y hay más confusión. El organismo de control añade que la Dirección de Administración de la Deuda Pública, que es un ente de Nación, “no contestó” los pedidos de información que el Estado porteño le realizó sobre esta cuestión. De hecho, los últimos datos brindados por la mencionada oficina nacional datan del 31 de diciembre de 2008 y hablan de “deudas vencidas de la Ciudad en concepto de Club de París, por 3.148 millones de dólares; y de (bonos) BOCONES por 1.030 millones de pesos, que incluían $ 82 millones a vencer”.

Frente a semejante cantidad de números, la AGCBA concluyó que “no ha podido obtenerse explicación acerca de las causas de las diferencias en los montos consignados”.

“Debilidades en la información”

Para completar, el informe de la Auditoría observó “debilidades en la información, que dificultan evaluar la eficacia de empréstitos públicos contraídos”.

Es que la Ciudad tomó préstamos por 600 millones de dólares mediante dos leyes que, según la AGCBA, “señalan como destino (del dinero) objetivos ambiguos, como ser la ‘realización de obras de infraestructura bajo la órbita de varios Ministerios’ y la ‘amortización de deuda’”, dice el informe y completa: “Ni la ley de presupuesto ni la cuenta de inversión determinan las categorías programáticas que captan dichas fuentes de financiamiento, dificultando la evaluación de los objetivos por los cuales se contrajeron operaciones de crédito público”.

Como conclusión, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires opinó que “la cuenta de inversión 2012 presenta razonablemente -en sus aspectos significativos- la información correspondiente a la situación patrimonial (estado actualizado de la deuda pública y no pública), y a la ejecución presupuestaria del gasto” del Estado porteño.

Al margen

No sólo la AGCBA se encargó de la deuda capitalina. De hecho, una de las primeras resoluciones de 2015 de la Auditoría General de la Nación (AGN) analizó los compromisos contraídos por las provincias en general y el impacto de su capacidad de pago en la estabilidad de los números nacionales.

Una de las conclusiones de ese trabajo es que, por su “plena autonomía financiera”, la Capital dispone de un “alto nivel de manejo en su estrategia” de buscar financiamiento mediante, por ejemplo, la emisión de bonos, y que ese endeudamiento no constituye un riesgo para la Administración Central.