La muerte de Cristian Crespo, el chico de 17 años que la semana pasada cayó junto a otros dos adolescentes desde el sexto piso un complejo habitacional de Villa Soldati en el que cedió una baranda, develó una serie de fallas de larga data en la gestión del Estado porteño, que incluyen desde incumplimientos de leyes de hace 15 años -que declaraban la emergencia edilicia en la zona- y de fallos judiciales que ordenaban refacciones, hasta la subejecución de partidas presupuestarias destinadas justamente a obras.

En ese sentido, el control público también alertó en los últimos años sobre los “riesgos para la seguridad de los habitantes” de los edificios construiros hace unos 40 años en la zona sur de la Capital Federal.

De hecho, hace exactamente una década, la Auditoría General porteña (AGCBA) aprobó un informe en el que analizó la gestión de la Comisión Municipal de la Vivienda, el ente que luego se transformaría en el hoy tan mentado Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Aquel trabajo reproducía un diagnóstico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que enumeraba “patologías muy graves” desde lo edilicio.

Y en 2009, trascendió otra investigación -ya con el IVC en pleno funcionamiento- en la que se repetían observaciones vinculadas a problemas estructurales, el deterioro de las conexiones de gas, agua y cloacas, y hasta el mal estado de ascensores y techos en los mismos complejos habitacionales del sur porteño.

Primer aviso

En 2003, el organismo de control porteño encaró la misión de hacer un estudio financiero y de gestión en la entonces Comisión Municipal de la Vivienda. Sin embargo, a fines de ese año, una ley transformó el ente en el actual IVC, por lo que la Auditoría decidió orientar su investigación hacia la descripción de un panorama completo de la situación (patrimonio, personal, gastos) que encontraría, tras la transición, la flamante institución encargada de llevar adelante la política habitacional de la Ciudad.

Ese informe, aprobado recién en 2005, incluía conclusiones para nada alentadoras. Es que la Auditoría analizó la gestión de la ex Comisión y observó “diversos parámetros que la ubican por debajo de los resultados esperados, así como también altos costos de funcionamiento, bajo rendimiento de productividad y profesionalismo en el organismo”.

Como ejemplo de esos “parámetros”, comparados con entes similares de otras jurisdicciones, la AGCBA dijo que la Comisión ocupó, entre 1976 y 2003, “el lugar 19 en la construcción de viviendas y soluciones habitacionales, ubicándose en la misma franja que las provincias de Formosa, Jujuy, Chubut y La Pampa”.

Asimismo, mientras que durante ese lapso el promedio de construcción de casas en todo el país era de 1.412 unidades por año, la performance de la Comisión porteño era de 799.

El antiguo organismo porteño sí superó un promedio nacional: el de cantidad de empleados. Es que la media fue, siempre entre 1976 y 2003, de 285 agentes y la Comisión tenía 653 y se mantuvo en el segundo puesto, detrás de líder cómodo en esa tabla, que fue Santiago del Estero con 933 trabajadores.

Además, se observó en la ex Comisión una mayor proporción de empleados administrativos en relación al personal técnico y profesional, comparados con otros entes. Y, con respecto al manejo del presupuesto, “la incidencia de los gastos de funcionamiento alcanzaba el 30% del total de las erogaciones”, expresó el informe. Dicho de otra manera, cada 100 pesos que gastaron en el lapso en cuestión, 30 fueron para al pago de sueldos y otros desembolsos. En ese ranking, el organismo ocupó el quinto puesto nacional.

¿Y sobre Soldati?

Mientras funcionó, la Comisión Municipal de la Vivienda llevó adelante el programa Rehabilitación y Mantenimiento de Conjuntos Urbanos y Barrios, una iniciativa pensada para responder al “alto grado de deterioro en los edificios y unidades de vivienda de los complejos Illia y Soldatti, que alteran el hábitat construido, poniendo en riesgo la seguridad de sus habitantes”. 

Sin embargo, pese a esta suerte de declaración de principios sobre las intenciones del programa, la Auditoría advirtió la “inexistencia de una planificación detallada en tiempos de ejecución y costos necesarios para la resolución de los problemas detectados” en los complejos del sur que, justamente, fueron declarados en Emergencia Habitacional por la Legislatura porteña, mediante las leyes 623 y 625.

En términos generales, la AGCBA describe que “muchas de las manifestaciones patológicas analizadas (en los complejos Illia y Soldati) han sido producto de imprevisiones y/o errores constructivos y, además, consecuencia de un insuficiente o ineficiente mantenimiento, o de un uso inapropiado por parte de los usuarios”. En ese sentido, “se observaron gran cantidad de reparaciones incorrectas” que provocaron “reiterados” desembolsos estatales.

Como ya se dijo, para tener un análisis más específico de la situación en el sur, la entonces Comisión había firmado un convenio con la Facultad de Arquitectura de la UBA que, tras analizar los complejos, enumeró varias “patologías” consideradas “muy graves” por los profesionales.

Por ejemplo, en los edificios altos, los académicos notaron “fisuras tanto de coronamiento, como laterales y en cuerpos salientes; manchas y chorreaduras; humedad por pérdidas de locales sanitarios; desprendimiento de recubrimiento y armaduras a la vista en elementos estructurales; corrosión de carpinterías y otros elementos metálicos; rotura y disgregación del material de sellado en la junta de dilatación entre edificios; y desprendimientos de revoques exteriores”.

Además, en los llamados nudos, se vio “desprendimiento de las placas premoldeadas que revisten los conductos incineradores y la estructura de sostén con riesgo de caída inminente”.

“En el piso se encontraron cámaras sin tapa y cables al aire libre; y ausencia de baranda en el primer piso”, continuó el estudio y añadió que ese nivel había sido pensado para comercios pero que “nunca fue utilizado para ese fin” y, al momento de la recorrida, estaba “habitado por familias de manera precaria”.

Y, para completar, también aparecieron “causas de vandalismo, maltrato o mal uso de las instalaciones, como la intervención caótica sobre construcciones originales, pero prevalece ampliamente la total ausencia de mantenimiento”.

¿Recuerda que hace unos párrafos se reprodujo la declaración de principios del programa analizado? Pues bien, tras todo esto, y como si fuera una tautología, la conclusión de aquel trabajo de 2005 decía que en los conjuntos habitacionales Illia y Soldati, había “alto grado de deterioro de los edificios y unidades de viviendas que alteran el hábitat construido poniendo en riesgo la seguridad de los edificios”.

Además, se añadió que “los recursos asignados no parecen estar en sintonía con las deficiencias detectadas”.                

El IVC

Cuatro años después, puntualmente en 2009, la Auditoría aprobó otro trabajo en el que se analizó la labor del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

Esta última investigación, hecha sobre datos de 2007, también enumeró varias “patologías” del complejo habitacional de Soldati, como que “el sistema de instalación y suministro de gas no se encontraba de acuerdo a la normativa vigente”, y se advertían “pérdidas en los barrales y llaves de los medidores, e indeterminadas conexiones clandestinas”.

También había problemas en el sistema de abastecimiento de agua y la red cloacal, que “requería de mantenimiento periódico, realizado por una cuadrilla del IVC que, en caso de no poder realizar su tarea, eran reemplazados por un camión ‘vactor’ para destapar y desobstruir las mismas”, enfatizó el organismo de control.

Otra situación que llamó la atención de los auditores fue los edificios “conservaban la membrana asfáltica original”, y no justamente por una adhesión a la moda vintage. Es que, según el informe: “El deficiente estado (de esa cobertura) provoca filtraciones de agua de lluvia por los techos en todo el complejo”, y hasta los muros de carga se encontraban fisurados.

Recordó el trabajo que, por una intimación de 2006 de la Defensoría del Pueblo porteña, se debían arreglar los ascensores de las torres pero que, al momento de la recorrida, “no se encontraba ninguno en funcionamiento”.

Por el lado de los problemas estructurales, ya en 2009 la Auditoría de la Ciudad dijo que “en el edificio se evidencian armaduras expuestas y corroídas en distintos elementos estructurales: cuerpo de ascensores, desprendimientos en balcones, tanques de agua, escaleras, vigas, fondos de losa, apoyos y dinteles, etcétera”.