La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) “mantiene una deuda en concepto de expensas que se encuentra judicializada”. El origen del pasivo son las cuotas que no se pagaron por la sede del primer piso de San Martín 320.

Al cierre del examen, en julio 2014, “había dos juicios por este incumplimiento, uno en el Juzgado N°60, que se inició en 2009 por la suma de $96.068 y otro de 2010 en el Juzgado N°47 por $8.740”. Según lo manifestado por el organismo de control “todos los pagos realizados van a los intereses y no al saldo a capital”, es decir, a la deuda original por expensas, “con lo cual cada vez se generan más pasivos”.

Pero si de gastos hablamos hay otro dato por demás llamativo que se desprende del informe. Es que el nivel global de ejecución de esos seis meses resultó “muy bajo” ya que “alcanzó el 1.3% del crédito vigente a ese momento”. De los $639 millones disponibles para gastar, solo se ejecutaron $8,3 millones.

 

 

En cuanto a la rendición de cuentas por parte de los municipios la AGN manifestó que “ninguno cumplió” pese a que “a todos se los intimó en más de una oportunidad para que realicen las presentaciones”, pero al cierre del análisis eso no había pasado

De la muestra a evaluar, se rindieron cuentas del 37% de los fondos recibidos. La Matanza, por ejemplo, “fue intimada en tres oportunidades para que rinda más de $1.7 millones” cuyo plazo ya estaba vencido en octubre de 2011. A ese municipio le falta rendir otro millón más.

Presidente Perón, por su parte, “pidió una extensión del plazo de presentación”. Estaba programada para diciembre de 2009 y finalmente rindió en enero de 2013. General Las Heras devengó $310 mil pero no rindió ni un peso. 

Este trabajo de la AGN analizó el cumplimiento de los mismos programas que evaluó hasta julio de 2013. En aquella oportunidad “le había pedido a ACUMAR los expedientes del proceso de licitación, por las obras del Polo Curtidor de Lanús adjudicadas a la empresa CIAMECO Compañía Metropolitana de Construcciones SA”. 

Sin embargo, “solo se le entregaron algunas copias parciales del expediente solicitado”. Es por ello que la Auditoría “no pudo emitir una opinión concluyente sobre el proceso de adjudicación”.

De todas formas, sí pudo diagnosticar un atraso en las obras. A partir del análisis de la documentación se ve que “solicitaron una extensión en el plazo de finalización”; debía terminarse el 31 de marzo de 2014 y se aplazó al 31 de agosto del año siguiente.