Con la cantidad de SMS que recibimos indicando “te ganaste un auto 0km”, cada uno de nosotros podría tener una concesionaria. El hartazgo por parte de los usuarios hizo que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales creara a principios de este año el Registro Nacional No Llame, una  plataforma en la que los ciudadanos pueden registrar su número telefónico para evitar ser contactados por empresas que publiciten, oferten, vendan productos mediante servicios de telefonía.

En Australia, este servicio funciona hace nueve años a través de la Ley DNCR 2006 y la Ley de Spam 2003, diseñadas por el gobierno para “minimizar el impacto de las comunicaciones no solicitadas” y fue el foco de evaluación de la Auditoría australiana.

Cuando hablamos de “comunicaciones no solicitadas” nos referimos a aquellos mensajes que recibimos por fax, correo electrónico, SMS o mensajes multimedia que tienen como fin ofertar, comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto o servicio de una empresa. 

Así como los argentinos, los australianos pueden “presentar una queja” ante la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) sobre “posibles infracciones” de las leyes ya mencionadas. 

Entre 2013 y 2014, la ACMA recibió “más de 22.000 quejas en relación con el incumplimiento” de la Ley DNCR. Frente a estas denuncias, el organismo responde por dos caminos: fomentando el “cumplimiento voluntario” hacia la empresa infractora o mediante una “acción civil”. 

Por ejemplo, la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios “emitió un aviso de infracción de 20.400 dólares a una empresa que hizo llamadas telefónicas a números que estaban inscriptos” en El Registro No Llame. 

Cabe señalar que el registro ya tiene los “números de teléfono de 10 millones” de usuarios. Teniendo en cuenta que alrededor de 23 millones de personas habitan en Australia –según fuentes del Banco Mundial-, los inscriptos representan el 43% de la población. En nuestro país, 360 mil usuarios son los anotados en la base de No llame desde que se puso en funcionamiento el servicio, a principio de año. 

Otra compañía recibió una multa de “15.500 dólares por enviar correos electrónicos de spam que no incluían la información de contacto adecuada” ni “tenían la opción de darse de baja de los mails”. 

Sin embargo, según la normativa, “las organizaciones benéficas, organismos gubernamentales y parlamentarios, partidos políticos y las instituciones educativas” todavía están habilitados a enviar “llamadas y mensajes de investigación” a pesar de que los usuarios se hayan registrado en El Registro No Llame. 

Recomendaciones de la Auditoría

El organismo de control australiano considera necesario por un lado, que la ACMA “prepare un plan de investigación por escrito que incluya una evaluación de riesgos antes del inicio de cada investigación”. Y en segundo lugar, “que notifique a los denunciantes cuando finalice cada caso”.

Estos consejos fueron aceptados por el ente que recibe las denuncias sobre comunicaciones no solicitadas.