La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó los fondos destinados al programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de la población que habita la cuenca, recomponer el ambiente y prevenir futuros daños. 

En este contexto, el organismo encontró que una obra para realizar 300 viviendas en el Barrio Los Ceibos, en La Matanza, no tiene avances físicos; si bien “se registró un progreso financiero del 42%”. Al cierre de la auditoría no había ni un ladrillo.

Durante el primer semestre de 2014, período analizado, el 56% de los proyectos “tenía los plazos de obras vencidos”. De 18 planes de viviendas, el informe señala que “10 tenían un atraso promedio de 17 meses, uno no había iniciado las obras y los siete restantes están a tiempo”.

De los $314 millones que el PISA tiene disponible, durante los primeros seis meses del año la Nación devengó $195 millones; y la AGN auditó un 57% del total, unos $ 111 millones. Es importante señalar que ese fondo está compuesto por los aportes del Estado Nacional y los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

Sobre la rendición de cuentas que deben realizar los municipios, la AGN observó que “en ningún caso hubo aplicación de penalidades por las deficiencias en las rendiciones”. De la muestra se desprende que “solo está rendido el 17%”.

De todos los municipios muestreados, solo Morón había realizado una rendición “perfecta”. Por su parte, Lanús no rindió ninguno de los $60 millones que se destinaron a distintos proyectos de vivienda e infraestructura. Avellaneda y Merlo fueron otros que incumplieron en un 100%. 

Con respecto a los acuerdos para la construcción, la Auditoría quiso analizar 780 unidades en el asentamiento “Villa Cartón” en la Avenida Castañares y General Paz y, en consecuencia, solicitó documentación “que al cierre de la auditoría no había sido entregada”. Por eso, “no se pudo verificar el grado de ejecución”. Este convenio fue firmado entre la Nación, la Ciudad y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

De todas formas se intentó comparar la información que surge de los expedientes de pago y de los registros del PISA para realizar un diagnóstico, pero “había diferencias considerables” y “no pudieron determinar qué datos eran correctos”.

Como punto positivo se pueden señalar “las mejoras en el proceso de recepción de la documentación” aunque aún “persisten deficiencias de foliado y fechado”.

Se verificó además “la falta de documentación exigida por normativa”, como por ejemplo los Certificados de Obra, que representan en total un 25% de la muestra.