En 2015 la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó 64 informes sobre estados contables de distintas entidades u organismos públicos, de los cuales sólo 14 obtuvieron dictámenes “favorables”, es decir, el 21,9%. Esta calificación indica que la información vertida en los balances examinados es razonable desde el punto de vista económico, financiero y patrimonial, e implican el juicio más positivo de los fiscalizadores.

Del resto de los estados contables de 2015, 21 recibieron la nota “favorable con salvedades” (un tercio del total), lo que supone que, entre los hallazgos de los auditores, hay excepciones que no permiten una calificación totalmente positiva.

Entre esos dictámenes con salvedades se destaca uno de los informes que hizo la AGN el año pasado sobre el balance de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La calificación surgió porque, al momento del estudio, el ente recaudador estaba produciendo un nuevo sistema informático de gestión económico-financiera y restaba evaluar cómo finalizaría. Además, quedó pendiente la cotización de productos decomisados por procedimientos aduaneros; hubo “debilidades” en la liquidación de cargos a ciertos agentes; y aparecieron reclamos de empresas de pre-embarque que generaron “incertidumbre”.

No obstante, otro elemento importante que volcó la balanza hacia el lado del “favorable con salvedades”, fue que varias provincias presentaron demandas contra el Estado nacional por la coparticipación de impuestos y que esos trámites estaban pendientes de resolución durante la auditoría.

En el análisis del balance de Aerolíneas Argentinas, por su parte, las salvedades consistieron en debilidades de control interno, diferencias en las valuaciones de los inventarios y el hecho de que la empresa acumule pérdidas y patrimonio neto negativo que la llevan a depender de los aportes del Estado nacional para solventarse.

Algo parecido se dio con los estados contables de Austral Líneas Aéreas, sobre todo en lo relacionado con la dependencia financiera de la Nación. No obstante, para los auditores también pesó otra situación: es que toda la operatoria comercial de la empresa es realizada justamente por Aerolíneas Argentinas, sin que exista separación de funciones por parte del personal que administra la firma.

Por otro lado, el balance de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado obtuvo la calificación “favorable con salvedades” porque, de los hallazgos logrados por la AGN, surgió que no existía control sobre la publicidad emitida, a excepción de la frecuencia AM 870, y así fue imposible asegurar la totalidad de los ingresos por ese concepto.

Abstención de opinión

Además de los dictámenes favorables y los que tienen salvedades, la Auditoría dispone de otra calificación para los balances de entes públicos, que es la “abstención de opinión”, y surge de las “limitaciones al alcance” del trabajo de los investigadores, o bien por la “incertidumbre” que generan los datos obtenidos durante el análisis.

En ese sentido, en 2015 hubo cinco informes que obtuvieron esta nota; cuatro vinculados a Yacyretá y el restante a la Administración General de Puertos, que ya es un habitué de la categoría.

Por el lado de la entidad binacional, el año pasado la AGN analizó los balances de 2012 y 2013 dividiendo cada ejercicio en dos semestres. En todos los casos, la abstención de opinión se apoyó en que los representantes de Argentina y Paraguay suscribieron una declaración conjunta en la que se proponían hacer de la EBY un emprendimiento viable.

¿Cuál pudo haber sido la objeción frente a semejante propósito? Es que, pese a que Yacyretá se encontraba en condiciones de operar a su máxima potencia -aunque sus obras no estuvieran finalizadas-, aún no se habían definido cuestiones clave, como las condiciones tarifarias, las deudas y compensaciones entre las partes, lo que no permitió satisfacer la razonabilidad de los saldos registrados.

Por otra parte, el informe sobre el balance 2012 de la Administración General de Puertos también obtuvo la calificación “abstención de opinión”, entre otras cuestiones, porque la Auditoría vio limitado el alcance de su trabajo a raíz de las debilidades en el ambiente de control interno, falta de manuales de procedimiento y falencias en el sistema operativo que utiliza la dependencia.

Como curiosidad, vale recordad que en 2013 la AGN le dio la misma nota a los estados contables del ente portuario correspondientes a los años 2007 y 2008 porque los técnicos no pudieron presenciar arqueos de fondos, lo que los llevó a concluir que el circuito administrativo contable era de baja confiabilidad.

La cosa no quedó ahí. En 2012, el organismo de control logró los mismos hallazgos, por lo que debió otorgar idéntica calificación, esta vez por los balances de 2004, 2005 y 2006. Y, valga la redundancia, exactamente lo mismo ocurrió con el informe aprobado en 2011, sobre los estados contables de 2003.

Auditorías Financieras

Los análisis sobre balances de entes públicos, forman parte de lo que la AGN llama auditorías financieras, las que junto -a los informes de gestión- constituyen el trabajo del organismo de control que asiste técnicamente al Congreso nacional.

En ese sentido, el año pasado la Auditoría elaboró un total de 121 informes financieros; los 64 balances ya mencionados, más unas 57 investigaciones sobre préstamos multilaterales.

Esta performance es menor a la registrada por el organismo de control en 2013, cuando aprobó y publicó en su sitio web (www.agn.gov.ar) unas 150 auditorías financieras.

En cuanto a las calificaciones de los 57 informes de préstamos multilaterales, 30 obtuvieron dictámenes favorables, es decir, más de la mitad; no hubo abstenciones de opinión, y las 27 restantes tuvieron salvedades.

Estas salvedades consistieron, en general, en limitaciones en el alcance de la investigación por reclamos judiciales pendientes que a la fecha de los informes se encontraban en alguna etapa administrativa o no tenían resolución final.

Además, entre las limitaciones aparecen diferencias en la valuación de determinados rubros de los estados financieros; el hecho de tener pendientes rendiciones de cuentas; diferencias en el origen de los fondos; insuficiente documentación de respaldo para justificar saldos; y falta de precisión en cuanto a qué tipo de cambio se usó a la hora de valuar inversiones.