En Argentina, la brecha digital sigue siendo un problema que afecta a diversos sectores de la población ya sea por razones etarias, sociales o vinculadas al género. A pesar de los avances en infraestructura y las políticas para mejorar la conectividad, aún existen importantes desafíos que deben ser abordados para garantizar una inclusión digital efectiva.

¿Quiénes tienen acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en el país? Según datos de 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 93,4% de los hogares urbanos cuentan con acceso a internet y el 89,2% de la población utiliza internet. Existen diferencias significativas en la calidad y velocidad de las conexiones a internet entre las diferentes regiones del país, siendo generalmente mejor en las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

Ariel Graizer es presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE). Considerando que Argentina tiene un extenso territorio y una tendencia a la concentración de la población en las grandes ciudades, “resulta fundamental el desarrollo de redes para brindar servicio a las localidades más alejadas y así poder asegurar la conectividad en cada rincón del país”.

“La excesiva carga tributaria que padece la industria limita gravemente el despliegue y la ampliación de redes”.

“En el último tiempo, los impactos del Decreto 690 - que declaró a los servicios de internet, telefonía y televisión por cable como “esenciales” - afectaron especialmente a los pequeños proveedores de internet, actores clave para aumentar los niveles de acceso y penetración a Internet en todo el país. Además, la excesiva carga tributaria que padece la industria limita gravemente el despliegue y la ampliación de redes”, indica.

Para Graizer, esta situación “afecta a los usuarios en una doble medida" ya que por un lado - siguiendo su razonamiento - limita el alcance del servicio y deja sin conectividad a muchas personas y, por otro lado, genera un aumento en el costo de los servicios por la carga impositiva que tiene el sector y se traslada al usuario final. 

En este sentido, considera que se necesitan acciones que "favorezcan el crecimiento de la industria, ayudando a más pymes y cooperativas a llevar conectividad a los rincones más alejados de nuestro territorio". Además de políticas que atiendan “la gran presión tributaria que sufre el sector”, lo que impactaría "muy positivamente en el bolsillo del consumidor quien, hoy por hoy, paga un abono por su servicio de Internet que está compuesto en un 40% por impuestos, según los resultados de un reciente estudio llevado adelante por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP)”.

De acuerdo a los resultados de la última edición del CABASE Internet Index, el 71% del total de hogares que cuentan con conectividad fija están situados en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Dentro del 15% de los hogares que no cuentan actualmente con una conexión de internet fija, el 77% termina accediendo mediante el servicio de datos de su teléfono móvil o usando una conexión wifi compartida, mientras que el restante 23% afirma no utilizar internet en el hogar.

La brecha en adultos mayores

Mientras que el mayor uso de internet se registra en grupos comprendidos entre los 18 a 29 años (96,7%), y entre los 13 a 17 años (96,4%), en los adultos mayores el porcentaje baja a 69,9%, de acuerdo a datos del INDEC.

“Es un sistema de vulneración de derechos y ambiente propicio para la violencia económica”.

La directora del Observatorio sobre Derecho de la Vejez y Adultos Mayores, Eleonora Vallet, distingue la diferencia que se registró en lo que se conoce como “primera brecha digital” - que hace referencia a la diferencia en el acceso a las nuevas tecnologías e Internet - y la ”segunda brecha digital" - relacionada con las habilidades de comprensión y uso de esas tecnologías por parte de la población que tiene acceso a ellas.

“La primera brecha afectó a los adultos mayores y los ubicó en un ambiente de incomunicación con sus semejantes, deteriorando su calidad de vida, aunque aún en este proceso podía dirigirse a determinadas instituciones e interactuar con seres humanos. Luego llegó una segunda etapa como sistema de vulneración de derechos y ambiente propicio para la violencia económica. Avanzando en las investigaciones, hemos comprobado que el problema se ha agravado, comportando un fértil ambiente para el desapoderamiento de bienes y recursos del adulto mayor”, advierte Vallet.

La especialista, además de alertar sobre los riesgos de que los adultos mayores no estén incluidos en la transformación digital, resalta que ya no pueden interactuar con ninguna persona humana: "La atención al público hoy para un adulto mayor es el chat de ayuda, es provista por un robot". Y recuerda que es responsabilidad del Estado promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de TIC para minimizar la brecha digital, tal como lo indica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

Por qué un organismo regulador

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es el organismo regulador de las telecomunicaciones. Es autárquico y descentralizado, y funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación con el objetivo de conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Gustavo López fue vicepresidente del ENACOM durante la presidencia de Alberto Fernández. Actualmente el organismo se encuentra intervenido bajo el mando de Juan Martín Ozores. “El desmantelamiento del ENACOM trae un prejuicio enorme en la regulación de las frecuencias a utilizar, los problemas que pueden ocurrir entre distintos prestadores que se superponen unos con otros, en la compartición de infraestructura, porque es obligatorio compartir infraestructura, y ante un abuso de posición dominante entre prestadores que quieran cobrar un precio excesivo”, aseguró López.

El ex funcionario asegura que la estructura ha sido modificada, “cerraron las 26 delegaciones que había en todo el país y hoy todo se centraliza desde Buenos Aires vía TAD, el trámite a distancia. Hay una falta de capacidad del propio organismo para resolver en un solo punto todo lo que antes se resolvía en cada una de las provincias”.

"Desmantelan un organismo que pierde la capacidad regulatoria". 

Además, detalla que el organismo es el responsable de controlar las licencias otorgadas para que no haya abuso de posición dominante ni superposición, y tiene la función también de fomentar la actividad de radio y televisión comunitaria, a través del FOMECA - un fondo que está incluido en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual - y la actividad de Internet en aquellos lugares donde los privados no llegan, a través del fondo de servicio universal.

“En nuestra gestión lo que hicimos fue usar el fondo de servicio universal para crear programas. Ahora hay 22 programas y los que más se utilizaron fueron conectividad para barrios populares o para localidades de hasta 30.000 habitantes, para los pueblos originarios, zonas de difícil acceso. Hemos dado subsidios por $60.000 millones de los cuales al momento en que nos fuimos se habían ejecutado obras por un tercio de ese dinero, se había efectivamente gastado $21 millones”, afirma.

En lo que va del año, López denuncia que “no sólo el FOMECA no se ha activado, sino el fondo de servicio universal tampoco. Están todas las obras paradas y con la mayoría de los que han recibido el subsidio, para hacer las obras donde los privados no llegan, que no pueden terminarlas y están pagando un seguro de caución. Desmantelan un organismo que pierde la capacidad regulatoria pero que además tiene la obligación de fomentar la actividad para que haya diversidad y pluralidad en cuanto a la comunicación social y que haya acceso igualitario a las telecomunicaciones para la gente que menos recursos tiene”.