Los bosques nativos están protegidos en el país por la ley 26.331 y en ella se establecen presupuestos mínimos para poder conservarlos, restaurarlos y aprovechar de manera sustentable los recursos del país. La norma fue pensada como una forma de organizar una acción conjunta que evite la deforestación, pero su implementación no alcanza los resultados esperados. 

En diálogo con El Auditor.info, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, aseguró que la cobertura que brinda la ley es parcial, ya que si bien "la deforestación tuvo una disminución comparada con la época previa a la norma", sigue habiendo un número alto de desmontes y, en promedio, más de la mitad se da en las zonas en las que está prohibido.

En Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta se produce casi el 80% del total de desmontes del país.

Los desmontes ocurren a lo largo y a lo ancho del país, sin embargo, hay cuatro provincias que reúnen casi el 80% del total: Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. En 2018, un relevamiento de Greenpeace mostró que en esa zona se talaron bosques por un total de 112.766 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires durante 12 meses.

Giardini también aseguró que en Santiago del Estero y Chaco se realizan procesos de desmontes selectivos en la zona marcada como amarilla (de protección media), para el desarrollo ganadero. “Ahí hay una responsabilidad de las provincias al habilitar esto cuando la ley no lo permite”, indicó. 

Clasificaciones dudosas

En provincias como Formosa y Corrientes, a la hora de ordenar su mapa como pedía la ley, “pusieron más del 70% de su territorio en zona verde (baja protección), por lo tanto han dicho que se puede desmontar prácticamente en todos lados”, remarcó Giardini. Esto terminó provocando que en Formosa haya más desmontes después de la ley que antes de la misma. 

Consultada por este medio, Adriana Piffaretti, supervisora en la AGN en el área de Gestión Ambiental y licenciada en Administración, sostuvo que en los informes de auditoría "insistimos con la promoción de encuentros y espacios de discusión dentro del COFEMA, abordando el proceso de ordenamiento territorial de bosques con una visión integrada para hacer nexo entre las categorías de conservación de jurisdicciones vecinas reclamando a las autoridades locales provinciales el desarrollo de normativas complementarias que generen incentivos a la preservación de los bosques nativos".

Más allá de las cuatro provincias que concentran el mayor volumen de deforestación, Giardini explicó que, por ejemplo, en Córdoba se hicieron varios desmontes para la construcción de countries y otros desarrollos urbanos a cargo de los propios municipios, aunque la potestad sobre la tierra la tiene la provincia. “En la Patagonia hubo intentos de desarrollos urbanísticos grandes pero la principal causa de deforestación fueron los incendios, que en algunos casos son naturales pero en otros tantos hubo accidentes o intencionales”, agregó.  

Del Instagram de greenpeacearg

El ordenamiento territorial de todas las provincias sumadas da un promedio del 80% de los bosques del país protegidos y, “si se cumpliese a rajatabla, no se deberían desmontar”, aseguró Giardini.

En este sentido, Greenpeace considera que se debe penalizar el desmonte ilegal y el incendio intencionado, así como al funcionario que legaliza lo ilegal. “Debería haber una suspensión de los desmontes para las provincias que no hayan hecho su ordenamiento, como pasó con Chaco, pensando en mejorar la protección y porque Argentina firmó que para 2030 no debe haber más desmontes”, analizó Giardini. 

Control

La Auditoría General de la Nación realizó varios informes sobre el tema. En un análisis de 2014 se hablaba de estas mismas cuatro provincias y se mostró que en Santiago del Estero y Salta se desmontaba sin que hubiera una audiencia pública previa. En un trabajo de 2021 se explicó que Santiago del Estero mejoró la situación y es de las pocas junto a Chaco, San Juan y Buenos Aires que tienen el mecanismo de participación ciudadana implementado. 

La AGN detectó debilidades en los procesos participativos.

Según Giardini, hay más panoramas alentadores. “En Salta, en los últimos tiempos están en proceso de reordenar el mapa y por esto no se autorizaron muchos desmontes pero sigue teniendo una deuda con todo lo que se permitió con los últimos gobiernos”, aseguró. 

Algo similar pasa en Chaco, donde la justicia local consideró al ordenamiento territorial vencido (se debe renovar cada cinco años) y suspendió los desmontes hasta que se haga un nuevo mapa. “Igualmente el nivel de los controles es bajo, con lo cual el desmonte ilegal aumentó”, corrigió Giardini.  

El caso de Misiones es distinto al de los demás: antes de la Ley de Bosques había un alto nivel de deforestación y después de la zonificación bajó notoriamente.

La AGN también detectó debilidades que afectan a los procesos participativos, como por ejemplo, los conflictos con comunidades de pueblos originarios; falta de convocatorias más amplias; ausencia de mecanismos de difusión y de registro documental que acrediten dicho proceso. "Es bastante recurrente que las audiencias públicas, cuando se hacen, se brinde poca información, son exprés y muy pocas frenan un proyecto que ya estaba encaminado”, sostuvo Giardini. "Eso va de la mano de desmontes sobre territorios indígenas sin consentimiento de las comunidades”, agregó. 

Por su parte, Piffaretti afirmó que cuando los dueños de la tierra con bosques nativos tienen una motivación económica para conservarla, "no lo cederán a los emprendimientos inmobiliarios que hacen lobby para cambiar el uso de suelo y talar cientos de hectáreas en beneficio propio, descuidando el medio ambiente". Además aseguró que son las provincias "las que deben realizar acciones para la recuperación y restauración de los bosques nativos degradados por cambios de categoría a nivel predial; y eso no sucede actualmente".

Falta de financiamiento

El organismo de control notó la falta de financiamiento que tiene la ley. En 2013 se destinó el 13,26% de lo estipulado en la norma; en 2015, el 6,21% y en 2016 el 5,26%. En el año 2020, se le asignó poco más del 3% de lo correspondiente. Hablando en concreto, ese año por cada hectárea se previó destinar $10,20 para su conservación.

“La desfinanciación de la ley no es un tema menor, ya que todos los años el Congreso da menos plata para la Ley de Bosques, eso no ayuda en los controles ni a financiar un desarrollo sustentable”, aseguró Giardini y remarcó que hay una responsabilidad compartida: “el Ejecutivo manda proyectos de presupuesto con un número menor y los legisladores no hacen nada para cambiarlo”. 

En esta misma línea, Piffaretti considera que "todavía falta recorrer un camino de consensos, a nivel legislativo nacional también, para componer una demanda de política pública ambiental que requiere la urgencia de sostener este tema en una agenda prioritaria".