Los organismos de control tienen un rol imprescindible en la sociedad: además de supervisar el uso de los recursos públicos del estado, también realizan recomendaciones para garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública. Desde la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) planteamos que uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante es el de incorporar la perspectiva de géneros en el control, ya que consideramos que la aplicación de la misma en las auditorías ayudaría a determinar cómo se ven afectadas las mujeres, las niñas, la población LGTB y las poblaciones marginadas para poder realizar recomendaciones que den soluciones a esta problemática por medio de medidas gubernamentales.

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En la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, aún quedan muchas injusticias por resolver: hay una marcada tendencia a la feminización de la pobreza, hay una desigual distribución del trabajo no remunerado entre ambos sexos, la brecha salarial es mayor al 23% y la de participación en el mercado de trabajo del 14% y sólo 8 de cada 100 porteñas ocupan cargos de poder y toma de decisiones, entre otras problemáticas. Sin embargo, ni siquiera contamos con estadísticas a partir de las cuales se puedan definir con claridad cuáles son las necesidades concretas de las mujeres, las minorías y otros grupos marginados.

Si bien la Ley de Presupuesto con perspectiva de género en la Ciudad de Buenos Aires es muy reciente, aún es necesario que se avance en una instancia certera y precisa de control de estos factores para su ejecución. Así, se podrá supervisar qué es lo que hace el GCBA para garantizar ese camino a la equidad. Un primer paso desde la AGCBA será examinar y desglosar el destino de esos recursos, promover la rendición de cuentas al respecto y realizar recomendaciones para establecer medidas que contribuyan a erradicar este tipo de discriminación. 

Como expresa la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad de género promovida mediante la participación plena de las mujeres en la esfera pública y privada es un elemento fundamental para acelerar los resultados del desarrollo sostenible de las naciones y de la sociedad en su conjunto. Teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires adhirió en 2016 a estos objetivos, los organismos de control deben tener un lugar central para garantizar que la equidad sea una realidad efectiva, en concordancia con los compromisos asumidos.

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Para dar un ejemplo concreto, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) promovió una auditoría coordinada llamada “Auditoría Iberoamericana sobre Igualdad de Género” con el objetivo de evaluar la preparación de los gobiernos reparar para la implementación del Objetivo Número 5 para el Desarrollo Sostenible. Las reflexiones de este estudio son contundentes: es necesaria la generación e implementación de políticas públicas que terminen con la discriminación y apuesten a la inclusión de perspectiva de géneros en beneficio de la sociedad. Para cambiar la realidad, hay que conocerla. Por esa razón, cabe afirmar que no podemos dejar pasar más tiempo para controlar la incorporación de la perspectiva de géneros en la administración pública.

El Estado debe estar a la altura de las demandas que la lucha de las mujeres y el colectivo LGBTI+ impusimos en la agenda pública, social y económica. 

En ese sentido, como he dicho antes, el aporte del control resulta fundamental: el mismo podrá evaluar el nivel de recursos asignados a la transversalización de la perspectiva de géneros y en actividades vinculadas con temáticas de géneros; analizar el equilibrio entre el personal de uno y otro sexo en los distintos niveles de una institución; poner en marcha un proceso continuo de fijación de parámetros para medir el avance en la promoción de la equidad de género y medir la aplicación del presupuesto con perspectiva de género de modo que el mismo beneficie a las mujeres, niñas y a la comunidad LGBTI+.