Los gastos presupuestarios totales de la Administración Nacional alcanzaron -durante el ejercicio 2022- los $17.527.284 millones, según el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Sin embargo, si se eliminan los efectos de la inflación en los valores ejecutados, se redujo en términos constantes en $1.031.074 millones con respecto a 2021, una caída en valores reales del 5,6%.

El documento elaborado por la oficina técnica del Congreso informó que los gastos totales en el comienzo de 2022 fueron de $10.775.950 millones, de los cuales se ejecutó 63% más al final del ejercicio. La cifra representa un 96,7% de los créditos vigentes autorizados en junio del ejercicio 2022 por DNU 331 prorrogado del ejercicio 2021.

Fuente: OPC sobre la base de datos del E-Sidif.
Fuente: OPC sobre la base de datos del E-Sidif.

De los gastos totales de la Administración Nacional ($17.527.284 millones) se desprende que $16.244.034 millones corresponden a gastos corrientes y $1.283.250 millones a los de gastos de capital.

Los gastos presupuestarios totales de la Administración Nacional alcanzaron -durante el ejercicio 2022- los $17.527.284 millones, según el análisis de la OPC.

Cabe destacar que los consumos corrientes representan las erogaciones en bienes y servicios que el sector público efectúa para atender la operación permanente y regular que no suponen un incremento patrimonial. Así también, comprenden los egresos destinados a cancelar los intereses de la deuda y de préstamos, y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación de bienes y servicios.

Por otro lado, los desembolsos de capital son pagos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a inversiones financieras, los cuales incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios.

Ahora bien, durante el ejercicio 2022, los gastos corrientes se ejecutaron en un 97,5%, y los de capital se devengaron en un 87,3% respecto de los créditos vigentes. 

Esto representa una caída en valores reales del 5,6%, compuesto principalmente por una reducción de los gastos primarios del orden del 7,4% ($1.270.436 millones), y un incremento de los intereses de la deuda de 18,0% ($239.361 millones) entre otras variaciones de menor magnitud.

Dentro de las erogaciones primarias se destacan las reducciones en términos constantes de 37,6% en los gastos de capital ($773.270 millones), y de 30,2% en los bienes y servicios ($200.599 millones). 

Evolución de los gastos presupuestarios: Prestaciones Sociales

Fuente: OPC sobre la base de datos del E-Sidif.
Fuente: OPC sobre la base de datos del E-Sidif.

El aumento en el gasto en jubilaciones y pensiones se explica, fundamentalmente, por la política de “bonos extraordinarios”. Estos no implican un incremento de haberes previsionales, sino de sumas que compensan el deterioro del poder adquisitivo, especialmente instrumentado para los jubilados de bajos ingresos. 

Dichos montos se hicieron efectivos a través de complementos -por única vez- de $6.000 en abril; $12.000 en mayo; $7000 en septiembre, octubre y noviembre; y otros $12.000 en diciembre.

Complementariamente, la expansión de las prestaciones abonadas por las cajas previsionales de las Fuerzas de Seguridad fue de 18.7%. A su vez, el incremento en la cantidad de beneficios otorgados en 2022 estuvo en el orden de los 200.000 adicionales, pasó de 7 millones a 7,2 millones. 

Estos factores compensaron la reducción del gasto por aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley 27.609, que arrojó actualizaciones de los haberes por debajo de la inflación (62,7% en comparación con 72,4%). 

En este sentido, el poder de compra de los haberes jubilatorios del régimen general ANSES, atados a la movilidad jubilatoria, se redujo 5,6% con respecto a los gastos presupuestarios de 2021. En cambio, con la aplicación de los bonos mencionados, la pérdida se moderó a un valor de 1,1% para el caso de los haberes de los jubilados que cobran la mínima, que alcanza prácticamente a poco más del 80% del total de las prestaciones a jubilados y pensionados.