La situación es de emergencia. Se debate si la ocupación de tierras es un problema de inseguridad o habitacional mientras cada vez hay más tomas de terrenos. Para el diputado nacional Fabio Quetglas “es indiscutible que hay un problema de seguridad desde todo punto de vista, tanto para el propietario de las tierras como para la gente que las ocupa”.

En diálogo con El Auditor.info, el legislador agregó: “También hay un problema de necesidades no resueltas por parte del Estado y esto desnuda un tercer inconveniente que es que el sistema institucional no logra adelantarse a las situaciones críticas y siempre se tiene que resolver sobre la crisis".

“En general no hay un deporte de tomar terrenos, la gente lo hace porque está hacinada en asentamientos y pueden entender, a veces influenciados políticamente, que es la única solución que tienen”, analizó Quetglas, quien presentó un proyecto de ley que propone crear el Fondo Federal de Urbanización Social, con el objetivo de facilitar a las municipalidades la generación de suelo urbano y producir empleo en las ciudades menores de 300 mil habitantes. El plan aspira a mejorar las oportunidades de acceso al suelo a los sectores de ingresos medios bajos y bajos y se propone como una solución al problema que plantea la toma de tierras. 

Si bien el proyecto espera hace tiempo el tratamiento en la Comisión de Vivienda y Planificación Urbana de la Cámara de Diputados, también fue presentado a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Bielsa.

”Esto es posible de hacer porque, de hecho, es lo que se hizo en Argentina hasta 1975. Nuestro país tiene una historia de urbanización social muy dilatada en el tiempo que eran los loteos populares, que no eran el paraíso terrenal por supuesto, pero por el cual las personas compraban en cuotas su terreno y luego construían su casa” recordó Quetglas y añadió: “Así se construyó el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y el Gran Córdoba. Esas ciudades no las construyó el Estado ni las grandes empresas”. 

El diputado nacional plantea que “el Estado puede crear un fondo fiduciario por el cual el gobierno federal apoye técnica y financieramente a los gobiernos locales que produzcan suelo urbano”. ¿Cómo? Recalificando el suelo periurbano, llamando a un agrimensor para hacer el loteo y trazando apertura de calles. “El costo de una hectárea, entre lo que sale comprarla y brindarle servicios, es de 200 mil dólares. Eso da un costo de seis mil dólares por lote y a 120 meses quedan cuotas de 60 dólares. El 80% de la gente que hoy toma tierra pasaría a comprar”, detalló el diputado de la UCR. 

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Pero más allá del proyecto, Quetglas no desconoce la urgencia que se presenta hoy con la ocupación de tierras. “Las organizaciones sociales son un actor muy importante en esto y son parte de la solución. Hay que armar una mesa de emergencia y ofrecer cinco o seis urbanizaciones por parte del Estado. Mientras construimos la ley, nadie ocupa un terreno”, subrayó. 

“Eso puede significar una solución para 10 mil familias, aunque quedarán cien mil esperando y eso es cierto, pero se descomprime la situación y se empieza a trabajar en la solución real dando respuestas a la emergencia. Inclusive, si se organizan cooperativas, las tareas de urbanización las puede hacer la misma gente. Es suelo y empleo”, concluyó.