A causa de los incendios que azotan el territorio argentino, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se presentó en la Corte Suprema de Justicia de Nación ante el impacto que provocó en el ambiente el humo en el Delta del Paraná, que afectó a diferentes municipios de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y exigieron que se los sume a la causa en la que se investigan las responsabilidades de este hecho.

La iniciativa estuvo a cargo del presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; y sus pares de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de Santa Fe, Raúl Lamberto. Puntualmente, Asociación se postuló como amicus curiae ante el máximo tribunal y pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema.

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“Ante la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más desde ADPRA tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente”, aseguró Amor y agregó: “El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos solo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas”. 

Amor indicó que la decisión de intervenir es unánime ya que los devastadores son inaceptables, “por eso ponen a disposición de la Justicia todas las herramientas de los organismos de Derechos Humanos para la defensa de la casa común”, concluyó el Presidente de ADPRA.

Por su parte, Lorenzino indicó: “No solo estamos ante un hecho que afecta a la flora y fauna de esa región, sino que también provoca un daño a la salud pública de miles de personas. Hay un riesgo sanitario que debemos dimensionar y actuar para que no se repita en el futuro”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense.

En la misma línea, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en este causa y que se convoque a una audiencia pública”, agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”.

Entre los argumentos de las Defensorías estuvo la experiencia en materia ambiental que tienen estos organismos y que puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación.

Además, la solicitud para la realización de una audiencia pública, en la que se garantice la participación ciudadana, apunta a que todos los actores involucrados ofrezcan su punto de vista para enriquecer las medidas adoptadas ante este episodio y establecer una planificación que contribuya a evitar que suceda nuevamente.