Con propuestas como “desentramar los conceptos” de los informes que hacen los organismos de control, culminó el viernes el Seminario Internacional de Participación Ciudadana y Fiscalización, que fue organizado por varias entidades civiles de México, junto a la Auditoría de ese país, y que tuvo aportes argentinos.

Además de las exposiciones, hubo mesas de trabajo virtuales, de las que surgieron varias recomendaciones para fortalecer la relación entre la ciudadanía y sus entes de control. 

Por ejemplo, y según un resumen difundido al final del Seminario, se hizo hincapié en la importancia de que las sociedades “encuentren modelos pedagógicos de su entramado institucional”, para que los ciudadanos entiendan un poco más sobre el funcionamiento del Estado en términos generales, y se perciba la relevancia de la tarea fiscalizadora en particular.

Igualmente, la recomendación de aprender no se limitó a la sociedad civil. Entre las conclusiones del evento también se remarca que “el diseño institucional” de los organismos de control debe “contar con criterios claros sobre recepción, sistematización y seguimiento de las denuncias ciudadanas”, para lograr que esas presentaciones “generen datos que permitan afinar los mecanismos de participación”. 

También se pidió que los organismos hagan públicos “los motivos por los que deciden iniciar una auditoría” y que se habilite la participación ciudadana en todo el proceso del control, desde la planificación hasta la ejecución de las investigaciones. 

“Las entidades fiscalizadoras superiores deben adaptar sus mecanismos a la gente, y no al revés”, enfatizaron los participantes.

Como parte de esa adaptación, se mencionó la necesidad de “mejorar la calidad de la información, para que sea oportuna, accesible, confiable y comparable, y que se elimine la burocracia en la gestión de esos datos, con el objetivo de que la ciudadanía la pueda usar a la hora de exigir mejores servicios”.

Y, si de información se trata, uno de los reclamos más reiterados fue “ciudadanizar el lenguaje del control, desentramando los conceptos para la ciudadanía”. En esa línea, pidieron “priorizar mejoras en los portales electrónicos y en los sistemas públicos de consulta de auditorías”.  

Por otra parte, en las mesas de trabajo se recalcó que “los que hacen auditorías deben ser formados con perspectiva de género, sobre todo desde la planeación de las políticas públicas y la asignación de presupuestos”.

Para completar, los participantes también reclamaron “que se abra el mecanismo de selección de autoridades del control, para que la ciudadanía sea copartícipe de ese proceso, legitimando y asegurando la independencia de las instituciones”. 

Proponen “ciudadanizar el lenguaje” de los informes del control

La palabra del BID

Otro de los que participó en el cierre del Seminario fue Roberto De Michele, titular del Departamento de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionario remarcó que la pandemia habilitó un “momento particularmente importante en la relación entre la sociedad civil y las entidades fiscalizadoras superiores”, porque los organismos “descubrieron que tienen dos clientes; ya no es solo el Estado, sino que también está la ciudadanía, y así tomaron un liderazgo y lo hicieron muy bien”.

En ese sentido, De Michele destacó el caso de Perú, que inauguró una metodología de control en tiempo real, para monitorear los gastos provocados por la pandemia, y la experiencia de Paraguay, con un seguimiento georeferenciado de los contratos que se firman para llevar adelante las medidas sanitarias.

• Perú habilitó el control en tiempo real para los gastos del coronavirus

“El desafío de las entidades es profundizar la tarea”, completó el funcionario del BID. 

Perú y los periodistas

Tal como lo hizo al principio del Seminario, en el cierre volvió a tomar la palabra el titular de la Contraloría de Perú, Nelson Eduardo Shack Yalta, quien además es Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

El contralor sumó la experiencia de su organismo a la hora de ciudadanizar el lenguaje del control: “Hay que construir un plan que permita incluir la participación ciudadana en todas las instancias de auditoría, incluso en la redacción del informe”, y ejemplificó: “Los resúmenes ejecutivos (de las investigaciones) no los hace la Comisión (de la Contraloría), porque serían 200 páginas resumidas a cuatro, pero seguirían estando escritas en difícil. Nosotros los hacemos con equipos de periodistas, que son quienes finalmente escriben” esas síntesis.

Por otra parte, Shack Yalta contó que dos tercios de los entes que conforman la OLACEFS exhiben un desarrollo bajo o intermedio en el modelo de madurez que mide la participación ciudadana en los entes de control. 

Por eso, propuso “un modelo más estándar” que permita “documentar y sistematizar las buenas prácticas para construir no una declaración, sino un plan que detalle cómo incorporar a la ciudadanía en las distintas etapas del control”.

Acto seguido, la moderadora del final del Seminario, Maylí Sepúlveda Toledo -de la ONG mexicana Controla tu Gobierno-, arriesgó: “Aprovechando lo que dice (el contralor peruano) Nelson, podríamos comprometer al BID para que financie esta propuesta”. A lo que De Michele, que seguía en línea, respondió: “Recibiríamos con mucho gusto el pedido”.