En la provincia de Buenos Aires se realizó la 11ª Asamblea del Consejo Federal para la Transparencia. Este año participaron 16 jurisdicciones, se aprobó el plan de trabajo 2023-2024 y se asumió el compromiso de elaborar un plan estratégico que oriente el accionar del órgano interjurisdiccional.

El encuentro reunió a representantes de Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presidenta del Consejo, y titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, se refirió al trabajo que viene realizando la AAIP en la promoción de los derechos ciudadanos a la protección de datos personales y el acceso a la información, la ampliación de las capacidades regulatorias y el impulso de la transparencia y la participación ciudadana. 

Anchorena consideró que el Consejo Federal para la Transparencia tiene el desafío de “fomentar y democratizar el acceso a la información para que realmente llegue a todas y todos, para el pleno ejercicio de sus derechos y en el marco de un Estado al servicio de la ciudadanía”.

XI Asamblea del Consejo Federal para la Transparencia

Durante la sesión plenaria se presentaron las guías orientadoras sobre Transparencia y sobre el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Además, votaron por unanimidad la reelección como vicepresidenta del Consejo de Lucrecia Escandón y la elección de la provincia de Santiago del Estero para ser la sede de la próxima Asamblea.

La jornada duró más de tres horas y se abordaron temas como el rol del Estado en el fortalecimiento de la democracia y la transparencia, los desafíos del Acuerdo de Escazú en Argentina para garantizar la democracia ambiental y las experiencias y oportunidades en proyectos para la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información y la participación ciudadana.

El Consejo Federal para la Transparencia es un órgano creado por la Ley 27.275. Está constituido por las 24 jurisdicciones del país; es de carácter permanente y tiene como propósito la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.