Falta de transparencia e inconsistencias en la gestión de fondos de ArgenINTA
La Auditoría General de la Nación revisó el manejo de fondos de la fundación del INTA y el costo que implica para el Estado. El informe hace hincapié en la ausencia de control de los ingresos y egresos de capital, así como en la duplicidad de las tareas que lleva a cabo.
La Fundación ArgenINTA es una institución civil sin fines de lucro, creada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la búsqueda de desarrollar un espacio institucional que estimule y facilite la relación público - privado y la movilización de recursos en torno a iniciativas y proyectos.
Sobre esta gestión, la Auditoría General de la Nación realizó un informe, analizando el período de enero del 2015 a abril del 2018 y, para llevarla a cabo, se basó en tres ejes: transparencia, administración de fondos y costo de la entidad para el Estado. Los resultados no fueron favorables en ninguno de los aspectos.
El informe expone, desde el inicio, una limitación al alcance ya que el Ministerio de Producción y Trabajo y el INTA no pusieron a disposición de la auditoría la información requerida sobre convenios firmados con la Fundación para la administración de recursos.
Costo para el Estado
Con relación al costo que ArgenINTA significa para el Estado Nacional, la auditoría fue contundente. Expuso que “genera costos innecesarios, teniendo en cuenta la duplicidad de funciones que ejerce con los organismos de la APN con los que celebra convenios”. Es decir, su tarea duplica gestiones que podrían simplificarse (y reducir gastos) si se omitiera su participación.
Según AGN, ArgenINTA genera costos innecesarios porque duplica funciones de otros organismos.
Esto se debe a que la Fundación cobra entre el 2 y el 5% sobre las transferencias que recibe de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, por los servicios que presta.
Los mismos consisten, en la mayoría de los casos, en funcionar como depositario de las sumas transferidas, ya que la auditada no realiza ningún procedimiento de análisis, sino que se limita a pagar al personal asignado a los proyectos. Algunos convenios, en cambio, también establecen que ArgenINTA realice los procesos de compra o de contratación del personal.
Por último, tras haber firmado un acuerdo para actuar como Unidad de Vinculación, entre un Ministerio y un Organismo Descentralizado, la Fundación, según la AGN, genera “un dispendio innecesario al Estado Nacional, tanto en el orden económico como en materia de recursos humanos y administrativos.”
Transparencia y fondos
ArgenINTA recibe dinero de distintas instituciones, pero la auditoría constató la inexistencia de datos al respecto del origen de los fondos, el registro y la rendición de cuentas de los recursos administrados, impactando directamente en la transparencia de su gestión.
Además, respecto del capital proveniente del Presupuesto Público Nacional, tampoco se encontraron registros que permitan conformar ni la totalidad de los montos, ni la identificación individual de los mismos.
Los ingresos por transferencia de la Administración Pública Nacional (APN) tampoco son debidamente asentados, y se presentó una diferencia del 61% entre lo informado por la fundación y lo registrado en el sistema público de información financiera (e-SIDIF).
No se pudo medir el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a la falta de transparencia.
Esta desprolijidad en el control fue detallada en informes anteriores (de 2009 y 2015), realizados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en los que también se evidenció la falta de registro de facturas emitidas, la imposibilidad de definir los bienes que la Fundación posee y la imprecisión en la información de los ingresos recibidos.
Por último, en esta línea, ArgenINTA no cumple con los términos de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que comprende la posibilidad de solicitar y hacer uso de la información de los sujetos obligados.
La falta de transparencia en el manejo de los fondos recibidos y administrados impide medir el cumplimiento de los objetivos institucionales conforme criterios de eficiencia, eficacia y economía.
En otras palabras, la Fundación no es transparente en su gestión, ni es eficaz ni eficiente en el manejo de los fondos que administra.