A 40 años del retorno de la democracia, la sociedad Argentina se prepara para encarar un nuevo proceso electoral. Además de presidente y vicepresidente, se dirimirán los cargos de jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las gobernaciones de 21 provincias, se renovará un tercio del Senado (24 senadores), la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (130 diputados), y se elegirán cargos de intendentes, concejales municipales y de legisladores provinciales. 

Este es un acontecimiento de suma importancia para la vida democrática, otra oportunidad para reafirmar una de las dimensiones del compromiso y de la participación ciudadana. También es la ocasión para que desde el Estado se consolide un proceso eleccionario cifrado por la transparencia, donde la confianza ciudadana y partidaria se construya sobre un escenario de reglas e información clara y uniforme. 

Desde Fundación Éforo, a través del informe Políticas Electorales en Argentina, nos proponemos conocer y analizar la trayectoria del gasto público destinado al funcionamiento de los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE), entre 2007 y 2022. Analizamos el conjunto de erogaciones destinadas a financiar la actividad ordinaria de las agrupaciones políticas del país y los gastos que demanda llevar a cabo elecciones nacionales, tanto presidenciales como legislativas. 

En relación a los motivos que impulsaron la elaboración de este nuevo informe, Federico Recagno, presidente de la Fundación Éforo, destacó que “cuando se escucha hablar de lo que se gasta en las elecciones todos los fantasmas negativos hablan a los oídos de la ciudadanía.” 

En Argentina, la Ley Nº 26.215 (y sus modificatorias) regula el financiamiento de los partidos políticos. Allí se establece que las actividades de los partidos políticos pueden ser financiadas con recursos de dos fuentes (art. 4): públicas (aporte regular del Estado Nacional a través del Fondo Partidario Permanente a cargo del Ministerio del Interior)  y privadas (aporte de sus afiliados, donaciones u otras actividades propias). 

Por otro lado, la política electoral y la ejecución de los actos electorales son organizadas a través del trabajo conjunto entre la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del Ministerio del Interior, la Justicia Electoral, el Comando General Electoral, que tiene a su cargo la programación y ejecución de las medidas de seguridad desplegadas durante el proceso electoral y el Correo Argentino, encargado de la prestación del servicio de logística general.

Como breve aclaración metodológica, se destaca que al momento de procesar la información pública, y debido a que los montos de gasto no resultan comparables a lo largo del período a causa de la inflación, todos los valores expresados en el informes están expresado a precios constantes 2022. 

Entre las conclusiones más importantes se resalta que “el gasto destinado a  partidos políticos y política electoral (GPPyE) pasó de $30,000 millones (0,04% del PBI) en 2007 a $50,360 millones en las siguientes elecciones (entre 0,05% y 0,08% del PBI). Este incremento se explica sólo de forma parcial por la instauración de las PASO”. 

En promedio, una elección presidencial ronda los $47,523 millones, mientras que las de término medio alcanzan una media de $41.730 millones. La elección presidencial de 2015, en la que hubo segunda vuelta, fue la más cara: $62,975 millones, seguida por la de 2011, en la que se ejecutaron $58,296 millones. 

Es importante resaltar que aún en los años en los que no se celebra ningún proceso electoral se registran erogaciones (significativamente inferiores) relacionadas a la política electoral que rondan los $11,600 millones, lo que equivale al 0,02% PBI.

En el informe destacamos que del total de recursos, el 84% corresponden a salarios, pago al Correo Argentino y diversos tipos de transferencias al sector privado. Mientras que el gasto en personal es uno de los que presenta mayor estabilidad en la serie, rondando el 55% del total de recursos (ya sea para años electorales o no electorales), los pagos al correo Argentino “pasó del 14% en las elecciones del 2007 al 31% en las de 2021 ($3.600 millones a $14.200 millones)”, convirtiéndose en el rubro de mayor crecimiento. Particularmente, los años 2015 y 2017 son los que registraron el mayor desembolso al Correo Argentino. En 2015, no obstante, hubo balotaje.

El concepto de “transferencias” representó en promedio durante los años electorales un 29% del GPPyE. Al igual que en el caso del correo, este rubro también ha crecido durante el periodo analizado, pasó de $6.800 millones en 2007 a $12.400 millones en 2021. Sin embargo, se aclara en el informe que “por cómo está publicada la información, no es posible desagregar el concepto correspondiente a cada una de ellas, ya que abarca desde el pago de horas extras a la Justicia hasta el financiamiento a partidos para la campaña electoral”.

La caída del financiamiento público a los partidos políticos

Si miramos la evolución del Fondo Partidario Permanente (FPP), observamos que a partir del 2019, comienzan a decrecer los recursos asignados al fondo, siendo el 2022 el año en que se llega al piso histórico de 251 millones de pesos destinados a transferencias del Estado Nacional a los partidos políticos, alcanzando un máximo en 2015 con $3.300 millones. 

El FPP es administrado por el Ministerio del Interior y sus recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. Constituye una herramienta de primer orden desplegada por el Estado Nacional para garantizar la independencia política de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas en íntima vinculación con las demandas reales de la ciudadanía. 

El rol de la transparencia y el acceso a la información pública de manera clara y sencilla definen a un escenario de reglas de juego democráticas legítimas. Por eso el control y el conocimiento sobre los gastos electorales y el financiamiento público a los partidos políticos ocupa una lugar central en el debate ciudadano.  En ese aspecto, el enfoque asumido parte de que “el problema no es sólo el gasto sino también quién audita en tiempo ese gasto”, remarcó Recagno.

Para profundizar aún más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.