ArgenINTA “está apartándose de los objetivos de su creación” y se convirtió en “un instrumento para evadir el cumplimiento de las normas vigentes en el ámbito público”. Así de categórica fue la conclusión de la Auditoría General de la Nación (AGN) en su análisis sobre la labor de la Fundación de apoyo y asistencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El organismo de control señaló que no sólo “no desarrolló ni implementó proyectos que impliquen la utilización de los fondos” que le proveía el Estado, sino que también sacó beneficios del depósito de ese dinero en cuentas rentadas.

La fundación fue creada en 1993 con el fin de “facilitar el logro de los objetivos del INTA”, por ejemplo, “contribuyendo a la investigación y a la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la producción”. Sus principales recursos son los fondos que le derivan distintos entes estatales para el desarrollo de proyectos acordados con la Fundación a través de convenios de colaboración y cartas acuerdos.

El organismo de control aseguró que la finalidad de la Fundación “se vio limitada a la función de administrador financiero del dinero” siendo esta actividad “competencia de los organismos del Estado que efectúan las transferencias”. Así, “se apartó de los objetivos para los que fue creada”. Según consta en el informe de la AGN aprobado en agosto de este año, “en el 2008 hubo casos en los que se verificó una aplicación insuficiente y una inmovilización total o parcial de los fondos públicos”, es decir, que fueron usados de manera reducida o que directamente no fueron utilizados.

Un ejemplo de esto es el de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA), principal aportante de la fundación, que derivó durante 2008 más de $103 millones, de los cuales $13.109.935 “no tuvieron ninguna aplicación”, provocando una “disminución del Presupuesto Público Nacional sin destino concreto”, según el juicio de los auditores.

Como consecuencia de los fondos inmovilizados, “la Fundación constituyó plazos fijos en los bancos Nación y Galicia y tomó como recursos propios los beneficios financieros resultantes de los intereses”. Por ello, se deriva que no sólo no utilizó el dinero para los objetivos planteados sino que de su inutilización obtuvo ventajas económicas. La AGN señaló que en el 2008 “la ArgenINTA registró intereses por casi $13 millones”. La Auditoría expresó que “no hay sustento normativo que permita esta imputación como recurso propio”.

Los auditores detectaron la existencia de 154 “fondos rotatorios”. Esta operatoria permite que a medida que se van rindiendo los gastos, los organismos aportantes repongan los recursos.  Al respecto, el informe señala que “no se encontraron acreditados los requisitos legales que habiliten esta modalidad”. Es decir, dicho funcionamiento no estaba legalmente aprobado.

La AGN señaló que como administrador de fondos públicos, la Fundación “no posee un manual de procedimiento administrativo ni ninguna normativa al respecto”. Ello “imposibilita la implementación de un sistema de control interno que garantice la viabilidad y validez de los actos realizados”.

Los auditores pudieron acceder a las Actas del Consejo de Administración, encabezado por el presidente del INTA, emitidas durante el 2008 y reveló que “se aprobó la adquisición y posterior donación de 18 autos, dos motos, un tractor y un acoplado”. Los transportes fueron entregados a la ex ONCCA, la Secretaría de Ambiente y la ex SAGPyA. El auditado informó que las adquisiciones “se solventaron con los fondos recibidos de cada organismo”, por lo que, la AGN señaló que “no es adecuado que la Fundación asuma la titularidad de dichos bienes porque desvirtúa la figura de donación”, ya que el dinero para realizar la compra de los vehículos fue transferido originalmente por los entes beneficiados.


Organismos cooperantes

Durante el 2008, la fundación “recibió el aporte de 14 organismos públicos y 8 entidades del ámbito privado, que patrocinaron y aportaron económicamente a los proyectos”, entre los organismos públicos aportantes se destacan, además de la SAGPyA, el Ministerio de Desarrollo Social, la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) disuelta por decreto en febrero de 2011, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Finalmente la Auditoría Nacional indicó que para el desarrollo de sus tareas, “ArgenINTA recibió una comisión del 3% sobre el valor de los fondos transferidos”.