Entre el 19 y el 21 de abril se llevó a cabo la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en la Ciudad de Buenos Aires. Del encuentro participaron 23 delegaciones de países, 6 representantes electos del público, autoridades de la CEPAL y otros organismos internacionales. Se impulsaron avances para la puesta en marcha de este tratado en la región.

En diálogo con El Auditor.info, Leandro Gómez, coordinador del programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que el de Escazú es “un acuerdo regional de derechos humanos en materia ambiental y aborda los principales desafíos en la región tales como la explotación intensiva de los bienes comunes, la conflictividad social ambiental, la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad y los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales”.

El Acuerdo, ratificado por Argentina, tiene cuatro ejes principales: el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación, el derecho de acceso a la justicia y la protección de los defensores ambientales.

Argentina tiene una normativa que establece el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en sintonía con el Acuerdo Escazú. “Sin embargo, la realidad es que existen graves deficiencias en la implementación de estas normas”, indicó Gómez y ejemplificó: “muchas veces cuando comunidades afectadas quieren acceder a información ambiental sobre una determinada actividad o un proyecto, las empresas y hasta algunas autoridades públicas han negado la información o han presentado barreras para dificultar su acceso vulnerando así el derecho de acceso a la información”.

Según el vocero de FARN, “en esta misma línea son numerosas las denuncias y reclamos que existen de comunidades locales por la violación de su derecho a la consulta y el consentimiento previo libre informado de comunidades indígenas”.

Sin consulta popular

A pesar de las normativas vigentes y los acuerdos ratificados -explica Gómez- existen numerosos proyectos que han sido aprobados sin el consentimiento de las comunidades indígenas locales o con procesos de consulta plagados de irregularidades que violan el derecho a la participación. Es entonces donde el Acuerdo de Escazú sirve no solamente para reforzar el derecho a la participación, sino también para establecer características y estándares sobre cómo llevarlo adelante.

“El acuerdo es un instrumento que reafirma los derechos de acceso, pero que a la vez establece estándares y herramientas para la implementación reduciendo así los márgenes de discrecionalidad de las autoridades y la brecha que existe entre la norma y la implementación real de la ley”, detalló Gómez.

Lo que aún queda pendiente en el país es una legislación que proteja a los defensores del ambiente, punto clave del Acuerdo de Escazú, el cual “viene a traer un nuevo instrumento de Derechos Humanos sumamente relevante en un contexto en el que el país busca profundizar la explotación de los bienes comunes aumentando la presión a los territorios, la conflictividad social y con ello la violencia y la criminalización de los defensores ambientales”, cerró el coordinador de FARN.

Comité de apoyo

En la reunión celebrada a fines de abril se eligieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un órgano consultivo que promoverá y asistirá a los países en la implementación del tratado en sus territorios. También se presentaron los resultados del Primer Foro Anual de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en Quito, Ecuador, y se anunció que Panamá será la sede del segundo foro anual, que se desarrollará en septiembre de 2023 y tendrá como objetivo seguir avanzando en la elaboración de un plan de acción para proteger a las personas defensoras ambientales.

Por otra parte se llevó adelante una sesión especial en la que Argentina, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay, presentaron sus acciones para elaborar una hoja de ruta que permita la implementación del Acuerdo en sus países. Por último, se anunció un aporte de México al Fondo de Contribuciones Voluntarias del Acuerdo por 150.000 dólares y un compromiso de financiamiento por parte de Chile, que se suman al aporte realizado por la Argentina con el desarrollo de esta COP2.