El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un nuevo ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina. Los datos corresponden al año 2021 y actualizan una investigación iniciada con la información de 2019.  Hay seis provincias que no publican datos y no se las consideró transparentes en esta materia. 

La tasa básica de eficacia político-criminal tiene por objetivo descubrir qué respuestas les dan las fiscalías a la sociedad. Tienen la tarea de representar los intereses de las víctimas y de la sociedad en los sistemas de justicia penal. “Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social”, explicaron desde el Instituto.

 Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni publicaron los cuatro indicadores medidos.

Lo que mide la tasa es cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir sobre el control de la criminalidad. Lo que se hace es comparar la cantidad de casos penales ingresados y lo que surge de eso: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales.

Sucede que los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni publicaron los cuatro indicadores medidos. En el caso de San Juan se excusó porque durante 2021 estuvieron implementando nuevos códigos procesales. 

“Tucumán y Catamarca son dos provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos sólo puede responder a un desinterés por la información o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esa documentación”, asegura el informe.

Los Ministerios Públicos Fiscales están obligados a brindar estos datos por el derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. “Este apagón informativo impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal”, remarca el documento. 

Más allá de las provincias en deuda, este segundo reporte estadístico muestra una mejora de Ministerios Públicos Fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general del 10 % de eficacia que había mostrado el ranking del 2019.

Por otra parte, los retrocesos de algunas provincias con relación al 2019 “pueden responder a un peor desempeño o a modificaciones en la forma de registro”, señala el documento y agrega el caso de Córdoba que informó un cambio en el método de contabilización de sus casos ingresados, pasando de 60.376 casos ingresados en 2019 a 121.890 en 2021, impidiendo la comparabilidad interanual.