Las Licencias Parentales Igualitarias (LPI) son una de las herramientas políticas que pueden ayudar a reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en el mundo del trabajo. No solo se buscan disminuir las inequidades en las trayectorias laborales, sino también generar un cambio social y cultural en las distribuciones de responsabilidades de las tareas de cuidado no remunerado. Se trata, a su vez, de revertir la tendencia histórica sobre las responsabilidades de cuidado que recaen en las mujeres y que limita sus posibilidades de generar ingresos sostenidos en el tiempo para el desarrollo pleno de una vida digna.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la sobrecarga de tareas de cuidado afecta las posibilidades de inserción y de estabilidad en los puestos de trabajo. Los cuidados están íntimamente vinculados con el derecho al trabajo y a la seguridad social. Más precisamente, en el Convenio 156 de la OIT, se dispone “que los objetivos de la política nacional de los Estados incluyan que las personas con responsabilidades familiares puedan ejercer el derecho al trabajo sin discriminación y sin conflicto entre dichas responsabilidades y las laborales”.

Recientemente, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) volvió a emitir otro informe en el que se analizan las iniciativas de “Modificación de los Regímenes de Licencias Maternales, Paternales y Parentales”, actualizando y complementando las conclusiones y datos ante el ingreso de un nuevo proyecto preliminar de dictamen. Allí se describen y detallan las modificaciones, agregados y/o aclaraciones respecto al proyecto original (ver nota: Licencias Parentales Igualitarias: una oportunidad para reducir las desigualdades en el mundo del trabajo) que se encuentra en tramitación legislativa y en la que intervienen en reunión conjunta las comisiones de Legislación de Trabajo y Mujeres y Diversidad. 

Entre las principales modificaciones, la OPC detalla la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales (cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada periodo). Se sumó la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores. Y, en último lugar, el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Estas modificaciones no solo amplían el universo de potenciales beneficiarios sino que, a su vez, permiten garantizar el financiamiento de las prestaciones que las obras sociales otorgan en concepto de salud para quienes se encuentren percibiendo una asignación parental. 

Impacto fiscal

Desde el punto de vista presupuestario, la conclusión sobre el impacto fiscal de la OPC señala: “El importe total esperado a cubrir por el Estado Nacional ascendería a $124.634,78 millones, lo que equivaldría al 0,074% del PIB esperado para 2023”. Comparado con los resultados del anterior análisis, esto significa que las modificaciones implicarían un aumento de la inversión pública social de $49.030 millones aproximadamente (+64%).

Aun así, la OPC aclara que “en el caso en que se aplique un mecanismo de financiamiento para el sistema previsional similar al previsto en el proyecto para las obras sociales, es decir, que el Estado Nacional transfiera el porcentaje del salario bruto que corresponde al aporte jubilatorio de manera directa a la ANSES, esta situación implicaría, a los fines de la estimación del impacto fiscal, un ingreso para la APN ya que esos montos quedarían dentro de la administración nacional”. 

Al considerar este aspecto del financiamiento, se reajusta el cálculo sobre el potencial impacto fiscal de implementación de LPI: “Considerando un valor medio de aportes jubilatorios del 11% del salario bruto, el importe totalizado para todos los casos esperados de trabajadores en relación de dependencia sería de $11.175,79 millones. Al descontar este valor, el impacto presupuestario para la APN alcanzaría entonces $113.458,99 millones, lo que equivale al 0,068% del PIB esperado para 2023”. Para este escenario, las modificaciones implicarían un aumento de la inversión pública social de $37.854 millones aproximadamente (+50%).

El informe ofrece también una estimación estadística de casos esperados de monotributistas y autónomos que se verían beneficiados por año en caso de sancionarse el proyecto. El beneficio de licencias alcanzaría a 97.936 personas, de los cuales 25.414 son casos de licencia por nacimiento para personas no gestantes y 61.329 casos de licencia por nacimiento para personas gestantes. Ambas representan el 88% de la población destinataria de estos beneficios (monotributistas + autónomos).

En esta nueva versión del dictamen, que implica inclusión de los monotributistas y autónomos como posibles beneficiarios de las asignaciones parentales, se prevé que el monto de la asignación para sería equivalente al SMVM neto vigente en cada período. Además se incorpora la posibilidad de que "los monotributistas y autónomos perciban las asignaciones parentales independientemente de su nivel de ingreso y de la composición de su grupo familiar”. 

Para poder estimar la población de potenciales beneficiarios, el informe ofrece un panorama general del mundo del trabajo actual: del total de la población ocupada, que es de 19.094.075 de personas, 2.157.861 son no asalariados informales (independientes); 2.614.194 monotributistas y autónomos; 9.808.457 asalariados formales (relación de dependencia); y 4.475.501 asalariados informales (relación de dependencia). Y mediante métodos estadísticos, y sobre la base de la información existente, la OPC estima como probable que en cada año se otorguen 145.667 asignaciones parentales para personas no gestantes.

Cabe destacar que este proyecto de LPI tendría un efecto positivo y directo sobre las brechas existentes en el mundo del trabajo. Este tipo de políticas inclusivas expande el derecho de cuidado a partes significativas de la sociedad, dejando en las personas poder ejercer su derecho a cuidar. En definitiva, implicaría una distribución más justa de las tareas de cuidado entre las personas gestantes y no gestantes. 

Argentina tiene la licencia por paternidad más corta de Sudamérica (CIPPEC) y esto está íntimamente vinculado con el impacto negativo de la maternidad en las trayectorias laborales de las personas gestantes, expresadas en intermitencia laboral, bajos salarios, informalidad, precariedad laboral, etc. El acceso igualitario y equitativo en el mundo laboral significa que el hecho de ser o no madre no impida el desarrollo de un proyecto de vida digno.

Para profundizar aún más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos sobre el “Impacto de la Maternidad en el Mundo del Trabajo” disponibles en nuestro sitio web.